En total, 2.692 personas han perdido su condición de funcionario por este decreto dictado al amparo del estado de emergencia declarado el 22 de julio pasado, señala el texto.
Se trata de 2.360 agentes de la Policía, 196 empleados de la Autoridad de Telecomunicaciones (BTK) y 136 oficiales del Ejército, desde sargentos hasta generales.
Estas personas se suman a los 4.897 funcionarios que habían sido expulsados de su cargo público hasta ahora, y de los que más de 3.000 eran militares, según detalló el primer ministro turco, Binali Yildirim, el sábado pasado.
Por otra parte, el total de funcionarios o empleados de sectores públicos suspendidos de su función y en espera de que se revise su caso supera los 75.000, indicó Yildirim entonces.
Todos ellos son sospechosos de mantener vínculos con la cofradía del predicador turco Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos desde 1999, al que Ankara acusa de instigar la intentona golpista, si bien él lo ha negado.
Durante la última década, los integrantes o simpatizantes de la cofradía habían llegado a ocupar numerosos puestos clave en la Administración, la Policía y la Judicatura, hasta hace tres años con el visto bueno del partido gubernamental, el AKP, con el que comparten la misma visión islamista.
Pero una lucha de poder iniciada en 2013 llevó a un encarnizado enfrentamiento, en el que el Gobierno describe a su otrora aliado como “Organización Terrorista Fethullah Gülen” (FETÖ), aunque hasta la intentona golpista no se le conocían actividades o discursos violentos.
