El decreto ley emitido en Túnez sobre crímenes cibernéticos, que entró este viernes en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (JORT), considera como delito producir, propagar, difundir o enviar noticias, rumores, datos o documentos falsos “de manera consciente”, así como atribuirlos a terceros con el objetivo de “vulnerar sus derechos, perjudicar a la seguridad pública o defensa nacional y sembrar el terror entre la población”.
También se consideran cibercrímenes aquellas noticias que contengan datos personales o datos “infundados” con la intención de difamar, perjudicar la reputación, causar daños morales y financieros o incitar al discurso de odio y a la agresión de terceros.
Este texto castiga igualmente la piratería de un sistema informático o el robo de contenido relacionado con derechos de autor y que, en caso de haber obtenido lucro, la multa puede ascender a cinco veces el valor de las ganancias.
El pasado marzo, el Banco Central Tunecino (BCT) reveló haber frustrado un ataque cibernético que provocó algunas perturbaciones en ciertas actividades, incluida su página web, lo que fue calificado por el presidente de la República, Kais Said, de “forma de terrorismo” e instó al Gobierno a tomar las medidas necesarias para anticiparse a estos ataques.
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Said denunció entonces que la encuesta digital lanzada dos meses antes para conocer las preocupaciones y propuestas ciudadanas que servirían de base para la nueva constitución, fue “saboteada” por ciertas partes, lo que influyó en la participación de la consulta, que se saldó con 530.000 personas de los ocho millones de electores.
El mandatario, que gobierna con plenos poderes desde julio de 2021, ratificó en agosto la Carta Magna, aprobada en referéndum con el 94,6% de los votos- pese a una abstención récord del 70% del censo- y que instaura un régimen político “ultrapresidencialista” según los analistas.
