El abogado cuestiona la supuesta inacción existente en la causa que investiga la muerte del diputado, ocurrida exactamente hace seis meses, un 19 de agosto del 2024 en el marco del Operativo Pavo Real II, desplegado en la residencia del entonces legislador ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero.
“Hasta la fecha, ni siquiera se ha convocado a la viuda del legislador para prestar declaración, lo que evidencia la falta de diligencia en el proceso”, cuestionó.
Tuma, en más de una ocasión, criticó la orden de allanamiento firmada por el juez Osmar Legal, quien, a su vez, fue denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), así como los fiscales que participaron del operativo.
En comunicación con radio Monumental 1080 AM, Tuma dijo que la denuncia realizada por Legal fue “una jugada maestra para zafar de la investigación” del JEM.
El abogado explicó que, si el Jurado hallaba responsable al juez, la sanción sería una remoción directa debido a la gravedad del hecho y la violación de la orden de allanamiento.
