La controversia en torno a las máquinas de votación de cara a las elecciones internas municipales del próximo 7 de junio escaló en las últimas horas tras el duro comunicado emitido por representantes técnicos acreditados de partidos y movimientos minoritarios, quienes denunciaron supuestas restricciones, falta de transparencia y ausencia de condiciones mínimas para realizar una auditoría independiente del sistema electrónico utilizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Sin embargo, desde la propia Justicia Electoral salieron al paso de las acusaciones. El director de Financiamiento Político del TSJE, Cristhian Ruiz Díaz, rechazó categóricamente las denuncias y sostuvo que varios de los cuestionamientos responden más a intereses políticos que a objeciones técnicas reales.
“Es lo que ellos manifiestan. Pero imaginate, hay uno de ellos que le dimos un mes, tampoco asistió, asistió tres veces y es uno de los que más objetaban el plazo”, afirmó el funcionario al referirse a algunos de los representantes técnicos firmantes del comunicado.
Ruiz Díaz aseguró que el TSJE permitió “todo lo que podía abrirse” dentro de los límites legales y contractuales establecidos con la empresa proveedora de la tecnología, la firma argentina MSA (Magic Software Argentina). Según explicó, algunos de los reclamos formulados por los técnicos opositores eran inviables desde el punto de vista jurídico y operativo.
“Querían llevar las máquinas de votación a sus laboratorios y eso no se puede dar. También querían que les entreguemos el código fuente y hay que recordar que el código fuente está protegido por derecho de propiedad intelectual”, señaló.
El director recordó además que el TSJE no es propietario de la tecnología, sino que la alquila para el proceso electoral, por lo que –según dijo– la institución tiene la obligación de respetar las condiciones contractuales y los derechos intelectuales de la empresa proveedora.
“Nosotros estamos alquilando esta tecnología; por lo tanto, debemos ser celosos de respetar el derecho que le asiste a la empresa que nos está proveyendo esto”, enfatizó.
Herramientas
Ruiz Díaz también respondió específicamente a otra de las acusaciones realizadas por los técnicos, quienes sostienen que se restringió el uso de herramientas independientes durante el proceso de verificación.
“Eso es totalmente falso”, retrucó el funcionario. Según indicó, durante el periodo de laboratorio los representantes acreditados sí tuvieron acceso a distintos dispositivos y herramientas electrónicas para intentar vulnerar el sistema.
“Inclusive utilizaron herramientas electrónicas que pueden clonar tarjetas de crédito para poder vulnerar el sistema y no pudieron vulnerar absolutamente nada”, afirmó.
En ese contexto, citó incluso declaraciones de uno de los representantes técnicos vinculados al Partido Liberal Radical Auténtico, Carlos Díaz, quien –según Ruiz Díaz– llegó a señalar que “destriparon la máquina de votación y no encontraron absolutamente nada”.
El director de Financiamiento Político aseguró que existieron dos posturas claramente diferenciadas entre los sectores políticos que participaron en las verificaciones técnicas.
“Había un grupo grande que sí participaba, sí se retroalimentaba, hacía consultas y pruebas. Pero otro sector tenía una agenda trazada desde el primer momento”, sostuvo.
Incluso fue más allá al cuestionar directamente la actitud de algunos de los firmantes del comunicado.
“Uno de ellos jamás hizo una sola prueba de las que le dimos oportunidad y, sin embargo, se queja de que no fue una auditoría. ¿Cómo va a ser una auditoría si no hizo las pruebas?”, expresó.
Según Ruiz Díaz, las verificaciones eran libres y los técnicos solamente debían informar qué elementos necesitaban para que el TSJE pudiera proveerlos dentro del marco permitido.
