La Justicia Electoral estipula, en una resolución firmada, este mes, distintos requisitos para formalizar inscripciones que impliquen cambios de distritos de votantes (traslados). Algunas ciudades como Asunción tienen miles de votantes de Central en su padrón que ascenderían a 18 mil.
También se denunciaron traslados en Nueva Asunción. No obstante, más que solución, aparentemente la matriz electoral busca trabar la participación de la oposición en distritos donde manda el Partido Colorado.
Esto es lo que los apoderados del PLRA salieron a reclamar en el caso específico de Lambaré, pero que se daría en todo el país.
En una circular, que salió a luz, a cargo de la Dirección General del Registro Electoral y que fue remitida a los funcionarios de oficinas electorales, se establecen condiciones legales para aceptar traslados.
Este pedido causa más problemas para el elector de la oposición en este caso particular el del PLRA, según la apoderada Basilisa Vázquez, quien dijo que la disposición se basa en una ley derogada.
“Esto no solo perjudica a Lambaré (distrito donde se manifestaron), sino a todos los traslados a nivel país, a causa de la disposición en que hay que traer certificados de vida y residencia de los Juzgados de Paz”, dijo la apoderada liberal, tras la queja de la dirigencia ante el Registro Electoral en Lambaré.
Cabe mencionar que existe un apuro de parte de los partidos políticos para realizar inscripciones en el Registro Cívico Permanente (RCP) para habilitar al voto en las municipales antes de que finalice el plazo.
La representante de movimientos internos del PLRA subrayó que, ante la imposibilidad de hacer estos traslados, lo que se pone de manifiesto es la presunta intención de impedir la participación popular.
“La imposibilidad de hacer este tipo de traslados ocasiona un obstáculo el voto de los ciudadanos porque nadie va a traer su certificado de vida y residencia, ni se va constituir un actuario del Juzgado conforme lo que establece la ley a verificar el domicilio de las personas”, indicó.
De acuerdo con Vázquez, esta sugestiva medida se da precisamente a días de que la ANR haya cerrado su padrón y quienes están siendo perjudicados por esta medida impuesta recientemente desde la matriz electoral son los partidos de oposición que extendieron su plazo de inscripción hasta fines de julio.
“Estamos en contra de esta disposición y, además, se basan en una ley ya derogada, y además manifiestan el desconocimiento de la ley”, indicó. De acuerdo con la Resolución 81/2025 de la Dirección de Registro Electoral se establecen requisitos “que son de cumplimiento obligatorio para la formalización de inscripciones que impliquen cambios de distritos en el RCP”, entre cuyos puntos está la medida de exigencia del Certificado de Vida y Residencia que debe ser otorgado en el Juzgado de Paz Local.
El inconveniente es que en los Juzgados el funcionario o actuario cobra, de acuerdo a la acordada de la Corte. medio jornal por incurrir “en gastos “ para trasladarse y verificar si los domicilios son fehacientes.
18 mil traslados. Solo en la ciudad de Asunción están habilitados dicha cantidad de personas que tienen, no obstante, sus domicilios están en el Departamento Central.
Estamos en contra de esta disposición y, además, se basan en una ley ya derogada, y además manifiestan el desconocimiento de la ley. Basilisa Vázquez, apoderada liberal
