“Cuando resuelve la apelación del Ministerio Público dice (que) no se ha logrado probar el incumplimiento de deberes, por lo tanto, lo que se habría aplicado es la pena máxima de las resoluciones contrarias a la Constitución. Esto, en un análisis preliminar, es una situación que va a tener que ser aclarada por este tribunal”, indicó.
Por este motivo, los defensores de Áñez prevén presentar primero un “recurso de aclaración” para que el tribunal especifique si la nueva sentencia elimina un delito o no, para que se pueda interponer adecuadamente el recurso de casación, agregó.
La Justicia determinó en junio de 2022 dar 10 años de cárcel a la ex presidenta interina por el caso “golpe de Estado II” en el que los principales acusadores son la Fiscalía, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno (Interior) que consideraron que Áñez asumió indebidamente la Presidencia durante la crisis política de 2019.
VACÍO DE PODER. La defensa de Áñez argumentó que accedió a la Presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado a causa del “vacío de poder” tras la renuncia del entonces mandatario, Evo Morales, su vicepresidente y las cabezas del Senado y la Cámara de Diputados.
Áñez está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz desde marzo de 2021 por otro caso conocido como “golpe de Estado I”, también por la crisis de 2019.
La sentencia motivó a que organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia manifiesten en su momento que en el proceso contra Áñez hubo un “uso excesivo” de la detención preventiva, entre otros cuestionamientos. La defensa de la ex mandataria apeló el primer fallo argumentando que hubo “injerencia política”, mientas que sus acusadores también presentaron una apelación para que la condena suba a 15 años de prisión.
