Fue decisión unánime de los camaristas Arnulfo Arias, Andrea Vera y Bibiana Benítez, quienes ratificaron el fallo dictado el 22 de abril pasado por la citada magistrada de San Lorenzo.
La apelación fue promovida por los defensores Fausto Portillo, Jorge Arturo Daniel y Andrés Casati, por la defensa del gobernador de Central, procesado por supuesta lesión de confianza y otros delitos por el presunto uso irregular de fondos para la pandemia.
En el caso, la defensa había solicitado la revisión de medidas, como el permiso para asistir a la gobernación, o en su caso, que le permitiera cumplir con la medida cautelar en la sede de la Gobernación, para el ejercicio del cargo electivo.
Según indican, la jueza resolvió en inobservancia de las normas legales, que al mantener el arresto domiciliario, se erige en una sanción anticipada que afecta el derecho al trabajo, a recibir un salario digno y justo. Pide revocar la resolución.
La fiscalía, al contestar el traslado, solicita que se ratifique la medida cautelar dictada por la magistrada.
EL FALLO. Los camaristas, al analizar el fallo, indican que Hugo Javier González fue imputado por presunta lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, que tienen como pena máxima hasta 5 años de cárcel o multa.
Indican que la medida otorgada se encuentra dentro de las garantías previstas en la Carta Magna, por lo que corresponde confirmar la resolución.
De esta manera, Hugo Javier González continuará con la medida cautelar de arresto domiciliario que le impide ejercer el cargo de gobernador de Central.
La imputación data del 1 de noviembre del 2021. A más del gobernador, hay otros 14 procesados en la causa.