El Tribunal de Sentencia extinguió el caso del diputado Tomás Rivas, sobreseyéndole, ya que se presentó el acuerdo entre Rivas y el presidente de Diputados sobre el pago de unos G. 121 millones como reparación del perjuicio patrimonial, en el caso conocido como caseros de oro, ya que estos cobraban en la Cámara Baja, sin cumplir funciones.
El legislador había sido acusado por estafa, por el fiscal Luis Piñánez. Sin embargo, los jueces Héctor Capurro, Juan Carlos Zárate (con votos a favor) y Cándida Fleitas (con voto en disidencia), definieron que ya reparó el daño antes del juicio.
El legislador firmó un acuerdo con la Cámara Baja justo antes del juzgamiento para resarcir el daño, donde constaban el pago de G. 121.208.000 millones, por lo que el Tribunal rechazó el recurso de reposición que planteó el fiscal Piñánez, considerándole improcedente.
La defensa del entonces procesado dijo que no correspondía el recurso, ya que sostuvo que debería ser un recurso de apelación general.
El lunes pasado, al inicio del juicio, los abogados Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, solicitaron introducir el acuerdo reparatorio con la Cámara de Diputados firmado el pasado 22 de noviembre.
El presidente del Tribunal, Héctor Capurro dijo que es idóneo ese documento firmado entre el presidente de la Cámara Alta, Pedro Alliana, y el diputado Rivas.
CRITICÓ. Lo grave es que los caseros “de oro” del diputado Rivas sí fueron condenados.
El fiscal Piñánez criticó el fallo del Tribunal como indignante, ya que tomó por sorpresa la extinción de la causa, pese a la oposición del Ministerio Público.
Dijo que la determinación se tomó luego de que el acusado haya resarcido el perjuicio patrimonial y que para la Fiscalía es independiente al proceso impulsado por el Ministerio Público.
Piñánez planteó un recurso alegando que el acuerdo no fue firmado por la Procuraduría General de la República, sino por el presidente de la Cámara de Diputados, quien no es parte del proceso.
CASEROS CONDENADOs. Los considerados como caseros de oro, Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados en junio de este año a 2 años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena.
Fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios, porque recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del legislador colorado.
El caso salió a luz gracias a las publicaciones de ÚH.