Uno de los motivos más evidentes de la falta de credibilidad del Poder Judicial es que actualmente hay tres ex ministros de la Corte Suprema procesados por presuntos hechos de corrupción.
El primer ministro en haber sido imputado por un delito estando en el cargo fue Sindulfo Blanco. En abril de 2016, la Fiscalía Anticorrupción lo imputó por prevaricato, al igual que al ex ministro Víctor Núñez.
El Ministerio Público sostiene que ambos dieron trámite a un recurso de casación sin que se reunieran los requisitos legales.
Se trata del caso de Peter Kennedy, quien había sido condenado en juicio oral a 6 años de prisión por lesión de confianza, abigeato, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y apropiación.
Tras la condena, un tribunal de Apelaciones anuló la sentencia y ordenó un nuevo juicio oral. A raíz de esto, el querellante, Franklin Kennedy, promovió la casación.
La Sala Penal, con los votos de Blanco y Núñez, anuló el fallo de segunda instancia, confirmó la condena y la redujo a dos años de cárcel. La entonces ministra Alicia Pucheta votó en disidencia, señalando que un recurso de casación no puede anular un fallo de Apelaciones que ordena un nuevo juicio.
Para sostener que hubo prevaricato –el delito se da cuando un juez dicta una sentencia para favorecer a una de las partes a sabiendas de que viola la ley– , los fiscales René Fernández y Luis Piñánez y el entonces fiscal José Dos Santos señalaron que en otros 123 fallos Blanco votó en el mismo sentido que Pucheta. Solo en este caso cambió de criterio, indicaron. Núñez y Blanco siguen procesados.
SOBORNO. Por su parte, Miguel Óscar Bajac fue imputado meses después de jubilarse, en diciembre de 2018. La Fiscalía Anticorrupción apunta a que el ex magistrado cometió cohecho pasivo agravado tras haber supuestamente solicitado una coima de 626.057 dólares a unos empresarios a cambio de una sentencia favorable.
De acuerdo con la investigación, que duró varios meses en los cuales se registraron conversaciones de los presuntos negociadores de la coima, Bajac requirió a los empresarios formalizar un acuerdo con un abogado designado por él para que tome intervención en la causa.
Además, la investigación apunta a que cuando aún era ministro, Bajac solicitó a uno de los empresarios un adelanto de USD 50.000, para lo cual designó al funcionario Rafael Ramírez como su intermediario. Este último fue detenido en la Plaza de la Justicia, tras recibir USD 10.000 en julio de 2018.
El ex ministro Bajac está procesado en esta causa y el Ministerio Público tiene aún abierta la investigación.