El crimen organizado genera recursos que necesitan ser incorporados a la economía formal para su blanqueamiento. El proceso por el cual se inyectan estos recursos es lo que se denomina lavado de dinero, y es un delito. Este proceso tiene varias etapas.
En primer lugar, una parte importante ingresa al circuito legal a través del sistema financiero. Por esta razón, las instituciones financieras paraguayas solicitan que se justifiquen los fondos depositados cuando superan los USD 10.000. Este es un primer mecanismo de control.
En segundo lugar, esos fondos deben ser movilizados en la economía a través de diversas transacciones de manera a reducir la capacidad de seguimiento, trazabilidad y transparencia. Los mecanismos comúnmente conocidos son la compra de inmuebles, de bienes de lujo, la creación de múltiples emprendimientos, entre otros.
Esta es una fase larga y suele incluir la existencia de numerosas empresas y emprendimientos sociales que se constituyen en complejas redes, en las que se combinan actividades formales e informales, con preferencia en sectores que utilizan efectivo o que tienen el incentivo de la opacidad porque de esa manera pagan menos impuestos.
Una vez que el dinero se ha insertado en la economía se recupera junto con las ganancias obtenidas y se reinvierte reduciendo al mínimo la posibilidad de encontrar el origen. En esta fase se suelen utilizar actividades legales; sin embargo, esto no impide que se generen distorsiones en el mercado.
Uno de los ejemplos más claros para la ciudadanía es el mercado inmobiliario. Las personas o empresas que buscan adquirir inmuebles con dinero proveniente de actividades ilícitas ejercen un poder de mercado concentrando los activos y elevando los precios.
La población que no cuenta con esos recursos no puede adquirir esos bienes, ya sea vivienda o tierra para producir.
Un segundo efecto del dinero ilícito y de la necesidad de lavado es la existencia de empresas “off shore” y de paraísos fiscales, amparándose en la opacidad y el secreto bancario que todavía persiste en muchas jurisdicciones a nivel mundial. Por eso, en diversas instancias multilaterales se están elaborando normas tendientes a su desaparición.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene una lista de actividades consideradas vulnerables al lavado. Además de esas existen otras que cada país puede detectar a partir de casos particulares detectados por el sistema judicial o por instituciones de control. Es decir, no hay excusa para que los países no pongan la mirada fiscalizadora en áreas de alto riesgo. Esta misma institución cuenta con recomendaciones que los países debieran seguir para reducir el riesgo de lavado.
Paraguay debe avanzar en mejorar la trazabilidad de las operaciones que parten de ellas para ubicar el dinero ilícito y evitar que llegue al circuito nacional o a paraísos fiscales. El dinero proveniente del crimen organizado, además de ser un grave problema económico, corrompe la política, destruye la sociedad y corroe los cimientos del contrato social.
El lavado de dinero forma parte de un complejo esquema de delitos económicos y políticos que llevan a la destrucción de cualquier posibilidad de desarrollo y de bienestar. Tiene su origen en actividades ilícitas y profundamente dañinas para la convivencia pacífica, como el narcotráfico, el comercio de armas, la trata de personas, el secuestro o la corrupción. El Gobierno debe realizar las tareas necesarias para conseguir la trazabilidad completa del dinero e imposibilitar su inserción en el sistema económico.
