La empresa británica Atome PLC notificó formalmente al Poder Ejecutivo sobre la existencia de una controversia de inversión que podría desembocar en una demanda multimillonaria ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Esta medida responde a la derogación de los decretos del Poder Ejecutivo que garantizaban las condiciones del contrato de compraventa de energía para el proyecto Villeta, una infraestructura valorada en USD 665 millones, que representa la mayor inversión extranjera directa individual en la historia del país.
Tras varios meses de intentos fallidos por alcanzar un acuerdo con la ANDE, la firma activó el periodo formal de consultas de tres meses contemplado en el Tratado Bilateral de Inversiones entre el Reino Unido y Paraguay a través del bufete White & Case LLP. La situación escaló al plano diplomático, ya que el aviso fue comunicado formalmente al Gobierno del Reino Unido y a las representaciones diplomáticas de la Unión Europea, Francia, Alemania y los Estados Unidos en Asunción.
Paralización. El estancamiento del emprendimiento paraliza un proyecto de alto impacto respaldado por instituciones financieras internacionales de primer orden, entre ellas IDB Invest, la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Verde para el Clima. En el plano socioeconómico, la eventual cancelación definitiva privaría a Paraguay de liderar la producción regional de fertilizantes descarbonizados y congelaría la generación de aproximadamente 4.000 empleos directos durante la etapa de construcción y más de 1.000 puestos permanentes para la fase operativa. Aunque Atome, firma representada en el país por James Spalding, subrayó que su opción preferente sigue siendo alcanzar un acuerdo amistoso que destrabe la construcción de la planta en Villeta, aclaró que no mantendrá la inversión en un estado de incertidumbre prolongado y que recurrirá al arbitraje internacional si no se consolida un acuerdo jurídicamente viable al término del plazo de noventa días.
Otro Metrobús. El ingeniero y consultor Guillermo López Flores fue categórico al evaluar las consecuencias de esta disputa.
El profesional señaló que el proyecto podría emular el desenlace del fallido Metrobús, con demandas internacionales, procesos judiciales abiertos por presuntos daños patrimoniales e imputaciones a ex funcionarios públicos.
El especialista explica que el contrato de conexión fue firmado el 3 de mayo de 2022 bajo el Decreto 6904/2017, aclarando que “no se trataba de una tarifa ‘regalada’ a último momento, sino de la aplicación de una norma que llevaba nueve años en vigencia”. López Flores detalla que si la ANDE altera unilateralmente este contrato, la demanda no solo exigiría devolver lo gastado, sino que incluiría lucro cesante y daño emergente, lo que podría elevar la reclamación a cifras que oscilarían entre los USD 300 y USD 600 millones.
Asimismo, el consultor advierte que la marcha atrás del Ejecutivo configura un escenario de “harakiri” (suicidio) reputacional. “No se está ahuyentando a capitales golondrina, se está quebrando la confianza de la banca multilateral de desarrollo”, afirma López Flores.
Finalmente, el ingeniero concluye que el Estado paraguayo se expone a una de las contingencias fiscales más graves de las últimas décadas, la cual podría derivar en embargos en el exterior y en la inminente pérdida de la calificación de grado de inversión debido a su inmadurez institucional.
Sin respuestas oficiales: Ejecutivo guarda silencio tras emplazamiento
A pesar de la gravedad y el alcance del conflicto, las autoridades del Ejecutivo optaron por un llamativo silencio. Este repliegue institucional queda en evidencia al intentar recabar la versión de los actores clave.
El encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Rubén Gaona, decidió evitar todo contacto con la prensa, siguiendo una recomendación directa de la Presidencia de la República, según precisaron fuentes de la propia entidad estatal.
Una postura similar adoptó el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez, quien rehusó emitir declaraciones sobre el tema tras argumentar que se trata de un conflicto cuya resolución compete de manera exclusiva al Poder Ejecutivo. Ante este escenario, este medio intentó obtener una postura oficial por parte de la Jefatura de Gabinete de la Presidencia respecto al emplazamiento internacional vigente; sin embargo, las solicitudes de información no tuvieron respuesta alguna.
Cabe recordar que los polémicos decretos dirigidos a las industrias convergentes –los cuales debieron ser derogados posteriormente– fueron impulsados desde el MIC. En aquel momento, la cartera estaba bajo la gestión de Javier Giménez, actual jefe de Gabinete de la Presidencia.
Asimismo, en dicho proceso tuvo una destacada y activa participación el titular del Mitic, Gustavo Villate.
Para experto, el país necesita de reglas claras en el sector
Para el ingeniero Ramón Montanía, ex consejero de Yacyretá, la controversia entre Atome PLC y el Estado paraguayo debe encender una señal de alerta sobre la capacidad del país para ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad. El experto advierte que las grandes inversiones requieren financiamiento internacional y contratos de largo plazo, por lo que si las condiciones regulatorias cambian durante el desarrollo de estos proyectos, se deteriora la confianza necesaria.
A su criterio, el caso Atome demuestra la urgencia de contar con una política de Estado consolidada, cuestionando los motivos por los cuales se permitió avanzar a la firma bajo un esquema que luego sería modificado.
“Un Estado serio debe saber cuánto vale su energía y bajo qué condiciones está dispuesto a venderla antes de sentarse a negociar con inversionistas”, sentencia Montanía.
El ingeniero insiste en que Paraguay necesita inversión privada, pero también necesita defender el valor estratégico de su energía. Ambos objetivos no son incompatibles. Para alcanzarlos hacen falta planificación, seguridad jurídica y reglas iguales y conocidas de antemano.
“La energía constituye una de las mayores riquezas del Paraguay. El desafío ya no es solamente producirla: es saber utilizarla inteligentemente para construir alrededor de ella una verdadera economía industrial”, afirma.
Ex presidente de la ANDE cree que se trata de una maniobra
El ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, también se pronunció sobre el conflicto y advirtió sobre posibles maniobras detrás de la controversia. “Desconozco si se ha firmado algún documento al respecto. Entiendo que existe un contrato de suministro firmado conforme al pliego de bases y condiciones”, señaló. No obstante, alertó que la situación “parece ser una maniobra: si alguien cae en el engaño, podría servir de excusa para que algún ministro presione a la ANDE a firmar”.
Ferreira hizo hincapié en el rol de otras instituciones del Estado, recordando que el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) fueron los impulsores del proyecto, por lo que sugirió verificar si no se establecieron compromisos ocultos en los decretos. “Asimismo, es necesario revisar si el contrato de financiamiento —firmado en la reunión de gobernadores del BID— contiene algún párrafo donde el Paraguay se comprometa a algo de lo cual puedan deducir una obligación”, remarcó.
Finalmente, el ex titular del ente eléctrico reflexionó sobre la gravedad de cambiar las condiciones a nivel internacional: “Esta situación demuestra que no se puede ser irresponsable en el trato con organizaciones extranjeras, las cuales suelen respaldarse con abogados de amplia experiencia para encontrar resquicios legales cuando sus intereses no se cumplen”.
