En contacto con Última Hora, Cervino Salinas, de la Coordinación Distrital Sin Tierra de Maracaná, conformada por los asentamientos 3 de Julio, 2 Corrientes, 7 de Noviembre, Calixto Cabral, Juventud Unido y Campamento Rosarino, explicó que finalmente se logró suspender el intento de desalojo fijado para este miércoles.
Asimismo, informó que al lugar llegaron carros hidrantes y la Policía Montada para reprimir, pero que también se hicieron presentes varias comunidades para apoyar a las 120 familias que integran el asentamiento 3 de Julio. Alrededor de 800 personas salieron a la ruta para evitar el desalojo.
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Salinas indicó que el fiscal interviniente otorgó un tiempo para realizar los trámites administrativos ante el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), aunque ya se había conformado anteriormente, antes de la pandemia, una mesa de trabajo con la institución, pero que también se dio la renuncia del presidente de la institución, Mario Vega.
El fiscal dialogó con los campesinos, quienes pidieron garantías para poder recuperar sus cultivos, ya que hace dos años se encuentran en el lugar.
También señalaron que lastimosamente todas las victorias sobre tierras se ganan así, con la invasión, en el marco de la reforma agraria, que benefició con tierras malhabidas a personas allegadas a la dictadura de Alfredo Stroessner.
El intendente de Maracaná, Alfredo Gayoso, también se hizo presente en el lugar para intermediar y pedir una mesa de diálogo y evitar un desalojo violento en las tierras que pertenecerían a un latifundista extranjero.
El representante del Ministerio Público, por su parte, pidió a los campesinos por lo menos identificarse y acercarse al Ministerio Público para evitar hechos de violencia y otorgarles una concesión de tiempo, aunque aclaró que el cumplimiento de la ley debía ser inmediato.
Desde la Coordinación expusieron que la concentración de la tierra sigue siendo el origen de los principales conflictos sociales del Paraguay, en donde el Estado paraguayo cumple la función de defender por todos los medios (políticos, jurídicos y policiales) los intereses de latifundistas, sojeros, ganaderos y narcotraficantes.
En ese sentido, manifestaron que la única respuesta que reciben los reclamos de los campesinos es la represión y así lo demuestran los desalojos realizados en Núñez Cué, Gasory y muchos otros más, incluidas comunidades indígenas.
“Denunciamos la total desatención del Indert a los reclamos presentados desde hace más de 2 años”, expusieron, a la vez de denunciar una persecución fiscal y responsabilizar al gobierno de Mario Abdo Benítez de cualquier hecho que derive de los intentos de desalojo.
