Opinión

Transparencia vs. mora

Raúl Ramírez Bogado – @Raulramirezpy

–Señora, ya tengo el expediente para sentencia, pero debe esperar que entre en la lista para que sea estudiado con transmisión en vivo. Está previsto para marzo del año que viene…

–Pero yo no puedo esperar tanto. Tengo 70 años, y varias enfermedades. Solo quiero que me actualicen mi jubilación porque necesito…

–Lo siento, señora. La nueva ley obliga a que todas las resoluciones que se dicten sean transmitidas en vivo a la ciudadanía.

–Pero yo solo quiero que me actualicen mis haberes. No me importa que esa transparencia ni que nada… ¿No pueden hacer una excepción?

–Lo siento, señora. La transparencia es uno de los puntales de la democracia. Así la gente controla cómo trabajan sus autoridades. No hay nada que hacer. La ley es la ley…

La conversación es una muestra de lo que puede pasar cuando se hacen leyes sin medir las consecuencias. La nueva Ley 6299/2019, por la que se dispone la transmisión en vivo de las sesiones de la Corte, del Jurado de Enjuiciamiento, del Consejo de la Magistratura y del Consejo de Ministros, establece que en la Sala Constitucional se deberán transmitir en vivo las sesiones.

Digo todas, porque habla de que sean en vivo los debates sobre las acciones y excepciones contra leyes, sentencias o interlocutorias y de otros instrumentos normativos, así como la suspensión de los efectos de la ley o instrumento que se ataca de inconstitucional.

No estoy contra la transparencia. A la prensa le conviene, ya que podemos ver en vivo las sesiones. Cada martes, la sesión plenaria tiene bastante audiencia queriendo no solo ver las decisiones, sino hasta las peleas de los ministros. Algunos hasta le llaman la “novela de los martes”.

Sin embargo, sobre la Sala Constitucional, las sesiones –por el momento– se dan los jueves. Tratan un máximo de 15 casos, si es que estos no son muy conflictivos. El resto espera su turno. Pero los números no favorecen a los usuarios de Justicia. En lo que va del año, ya ingresaron 1.200 casos a esta Sala, donde ya hay 500 sentencias y 800 autos interlocutorios. En el 2018 fueron 3.351 causas, de las cuales salieron 1.568 acuerdos y sentencias, y 3.238 autos interlocutorios, según la Corte. La verdad que es una de las más eficientes en cuanto a números de resoluciones.

Si nos atenemos a estos números, solo con los ingresados el año pasado necesitaremos 224 semanas, serían cuatro años y tres semanas para su estudio en una sesión transmitida en vivo, sin contar que el mes de enero es feria o que puede que los ministros viajen o estén enfermos.

También hay que decir que se necesitan dos sesiones, una para admitir la acción y darle medidas cautelares si hace falta, y la siguiente, para estudiar el fondo de la cuestión. Para mejorar la estadística, pongamos dos sesiones por semana, con lo que serían unos dos años. Según la ley procesal, en 30 días debe darse una sentencia.

No se cuenta tampoco que existe el peligro de que la transparencia lleve al populismo. En otras palabras, que las autoridades hagan lo que los grupos de presión pidan. Es decir, que voten por lo que más adeptos tenga, sin que realmente se estudie la cuestión acorde con lo que realmente corresponde en Derecho, como dicen los abogados.

Esta ley no es mala, pero podría mejorar; por ejemplo, que se transmitan los casos emblemáticos o los que las partes pidan. Me pregunto qué pasará si se debe estudiar un caso penal sobre abuso sexual en niños que llega a la Sala Constitucional. O casos de asistencia alimentaria, adopción, régimen de convivencia o relacionamiento, donde los involucrados son menores. Estos puntos no están previstos.

Es por ello que debemos revisar nuestra legislación. Del Parlamento salen muchas normas que a veces no responden a la necesidad real. Hacer leyes es una de las tareas más importantes para la nación, por lo que deben ser serias y que respondan a las necesidades.

La ley de transparencia traerá mora judicial, lo que va en detrimento de la ciudadanía. O si no, pregúntenles a los pobres jubilados que buscan actualizar sus haberes con acciones de inconstitucionalidad.

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