“SI TOCAN A CRISTINA...”. La agrupación sindical difundió en sus redes sociales que los empleados estatales “están con Cristina” y que “si la condenan” van a parar el Estado: “Si la tocan a Cristina... paramos el Estado. Les (sic) trabajadores no vamos a permitir un (ex presidente y mandatario electo de Brasil) Lula en nuestro país. Basta de Lawfare (guerra jurídica) y persecución política”.
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó este miércoles que “si condenan a Cristina, condenan al pueblo trabajador”, por lo que manifestó: “Tenemos la obligación en salir en defensa de ella porque es salir en defensa propia”, en declaraciones a Radio Nacional.
La vicepresidenta está acusada de haber cometido delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos, por lo que, el pasado 22 de agosto, la Fiscalía pidió para Fernández una condena de 12 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida.
13 IMPUTADOS. En este caso, que tiene 13 imputados, se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
En 2019, a días de asumir como vicepresidenta, cuando fue citada a declarar pero no respondió preguntas, Cristina Fernández había acusado a los jueces de ser “un tribunal del ‘lawfare’” y de tener “la condena escrita”, pero que a ella la “absolvió la historia” y, en cambio, a los jueces “seguramente les va a condenar la historia”.
Este martes, cuando dio sus palabras finales antes de la sentencia, dijo que en 2019 fue “muy generosa” y que, después de todo lo que le ha tocado vivir, en relación a la acusación y al fallido atentado que sufrió el 1 de septiembre.
El 1 de setiembre pasado, la ex mandataria salió ilesa de un ataque perpetrado frente a la puerta del edificio de Buenos Aires en el que vive, durante una manifestación de seguidores que le transmitían su apoyo después de que fiscal solicitara la condena por presunta corrupción.
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas -en muchas de las cuales fue sobreseída- gracias a los fueros que le protegen, ha asegurado ser blanco de una persecución política.
DECOMISO DE BIENES. El pasado 22 de agosto, la Fiscalía también propuso decomisar bienes de los acusados en este juicio por una suma de 5.231 millones de pesos (unos 30,4 millones de dólares).
Los fiscales acusaron a la ex mandataria de haber creado, junto a su fallecido esposo, Néstor Kirchner, “una de las matrices más extraordinarias de corrupción” en Argentina