13 mar. 2026

Tiene 4 títulos, pero vende pilotines y panchos para pagar deuda inventada

Liz Prieto, una docente, pide a gritos justicia. Ya pagó G. 78 millones, que es el 2% de la deuda que le figura por un microondas y un crédito de G. 1 millón. Ella es otra víctima de la mafia de pagarés.

Liz Prieto, docente víctima de la mafia de los pagarés_63991832.png

Criminal. Un pagaré ya se demandó 11 veces y tras nueve años de pagos sigue debiendo.

Foto: Gentileza

“Soy licenciada en Educación, tengo cuatro títulos. Yo no estudié para esto. Vendo pilotines en los conciertos, pancho en la Costanera. Yo voy a pagar por algo que yo retiré, pero no que me hagan esto”, contó entre llantos Liz Prieto, una docente que hace nueve años retiró un microondas y un crédito de G. 1 millón y ahora su deuda alcanza los G. 3.000 millones.

En el 2016 le ofrecieron el electrodoméstico y firmó un pagaré para abonar en 12 cuotas de G. 120.000.

Ella acababa de acceder a un rubro en una escuela capitalina, donde llegaron varios vendedores y como ella no debía en ningún lado, decidió hacer la compra que terminaría en un año.

Sin embargo, la deuda no paró de crecer debido a un sistema fraudulento por el que están investigados jueces, ujieres y otros actores de Justicia.

Pese a las denuncias, la maestra no fue escuchada.

“A inicios del 2017 ya me di cuenta de la exagerada falta que había en mi salario. Ahí me acerqué a un grupo de docentes estafados”, relató en una conferencia con otras víctimas que ayer llegaron hasta la Cámara de Diputados.

Llamó la atención que los primeros tres meses le cobraron bien los G. 120.000, pero ya al cuarto mes la suma descontada era abismal y solo cobraba de manera mensual G. 500.000.

NUEVE AÑOS. Hicieron una nota con su esposo dirigida al director de Sueldos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y también al propio presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF).

“Yo pensé que al solicitar el cese de descuento iba a pasar eso, pero después ya era peor, después ya iba pasando el tiempo”, contó Liz.

Pasaron nueve años en total y la deuda no dejó de crecer.

Ella reconoce que accedió al microondas y al crédito solo con su cédula y firmando un solo pagaré, un pagaré que ahora lo usaron 11 casas comerciales para embargarle al mismo tiempo.

“Por un microondas y crédito de G. 1 millón ya pagué G. 78 millones y tengo 11 casas que están cobrando.”
Liz Prieto, docente estafada.

En total, ya se encuentra pagando G. 78 millones, que es solo el 2% de la supuesta deuda.

“Tengo que jubilarme 20 veces para pagar un horno microondas. Nos toca el estómago y el bolsillo. Es muy doloroso G. 78 millones ya pagué y todavía hay varios embargos. ¿Qué le voy a decir a mi hijo? ‘Tengo embargos. No te voy a dar de comer’. Esto es muy doloroso”, contó entre lágrimas.

Hoy ella solo cobra G. 1.600.000. “Con esa plata no puedo hacer nada. Mi papá con cáncer del pulmón, mi mamá cardiaca, mi marido accidentado. No puedo. Yo también trabajo con niños con discapacidad en psicopedagogía, y quería capacitarme más”, lamentó.

Denunció la complicidad de los funcionarios judiciales que lograron embargarle tantas veces con un solo pagaré.

Los seis puntos que cuestionan a los ministros.png

Piden juicio político para ministros de la Corte Suprema

Representados por la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés presentaron ayer un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel, cuyo hermano Óscar Diesel Junghanns, accionista de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), una de las empresas más implicadas en la trama delictiva. El documento podría extenderse a los otros ocho ministros.

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Mesa de entrada. Víctimas presentan el escrito en Diputados.

Foto: Rodrigo Villamayor

El escrito cuenta con cerca de 1.600 personas afectadas por el esquema de descuentos irregulares, que firmaron una solicitud de juicio político contra el presidente de la Corte.

El documento, de unas 120 páginas, fue entregado a la Cámara de Diputados, señaló Pedro Coronel, vocero de las víctimas, que detalla las supuestas omisiones del pleno y reúne pruebas y argumentos jurídicos que, según las víctimas, justifican el enjuiciamiento político.

El pedido se enmarca por la falta de respuestas contundentes en torno al caso, con una investigación del Ministerio Público que solo alcanzó a 19 empresas de las 145 detectadas dentro del esquema e imputó solo a dos dueños de casas de cobro.

Los denunciantes aseguran que los ministros de la Corte cometieron hechos que podrían configurar delitos como prevaricato, violación de derechos humanos y omisión de deberes funcionales. Además, cita otros delitos comunes, como la interpretación tendenciosa de causas y el cajoneamiento de expedientes.

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