Lo que el Gobierno presenta como un paso firme hacia la vanguardia digital con la firma de nuevos decretos para incentivar la inteligencia artificial (IA) es visto por gremios técnicos y empresariales como una estrategia “imprudente” y “discriminatoria”.
Fernando Arriola, directivo de la Cámara Paraguaya de Fintech y CFO de BCMinin, cuestiona la coherencia estatal. Según Arriola, existe una clara discriminación regulatoria que beneficia a las denominadas “industrias convergentes” con tarifas preferenciales, mientras se asfixia a la minería de criptoactivos legal.
“El sector de la minería digital ya inyectó cientos de millones de dólares bajo un marco legal, pero hoy nos enfrentamos a costos energéticos que duplican a los de otras industrias”, denunció Arriola. Para el directivo, las leyes de promoción deberían ser universales y no selectivas, advirtiendo que el precio actual de la energía está expulsando del país a inversores que ya han apostado capital en suelo paraguayo.
Más allá de los incentivos fiscales, Arriola puso en duda la capacidad real del país para albergar a gigantes como Nvidia o X (ex Twitter). El experto señala que Paraguay carece de soberanía digital. Afirma que no existe una troncal propia de internet, dependiendo de fibras de Argentina y Brasil, lo que eleva la latencia y degrada la calidad para procesos de IA masiva.
En el mismo sentido, señala que los data centers de alto nivel exigen fuentes alternativas (solar o biogás), ya que la dependencia exclusiva de la hidroelectricidad es un riesgo técnico para los grandes hubs regionales, como de Google en Uruguay.
EN PELIGRO. A esta postura se suma la contundente protesta de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA). El gremio manifestó su total disconformidad con los decretos N° 5860/26 y N° 5861/26, promulgados el pasado 24 de abril.
Los profesionales advierten que fijar tarifas bajas por 15 años a grandes consumidores es una movida “imprudente”. Dada que la demanda crece sostenidamente, la ANDE se verá obligada a contratar nuevas fuentes de generación más costosas. “Estos costos deberán ser trasladados al resto de los usuarios –industrias pequeñas, comercios y ciudadanos–, generando un subsidio indirecto para los grandes capitales electrointensivos”, reza el comunicado de la UIA.
Además, el gremio de ingenieros deslindó responsabilidad sobre el contenido de estos decretos, aclarando que la Mesa Técnica convocada por el Gobierno no fue un espacio deliberativo real, sino apenas de análisis genérico.
Desde el Gobierno aseguran que Paraguay tiene potencial para convertirse en un hub regional de IA. Buscan atraer USD 4.000 millones en inversiones y que un GW equivaldría a entre USD 40.000 y 50.000 millones, monto similar al PIB actual.
