04 mar. 2024

Tacumbú es el reflejo de la ausencia total del Estado

Las últimas 24 horas de crisis en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú son, en realidad, la crónica de un caos anunciado. Hacinadas, sin condena y viviendo en condiciones que violan sus derechos y dignidad las personas que se encuentran privadas de su libertad son víctimas de sucesivos gobiernos que las han abandonado. El desinterés hace que se ponga al frente del sistema penitenciario a improvisados que, al final se convierten en parte del problema. Lo sucedido es grave y vergonzoso: El Gobierno no tiene control sobre Tacumbú.

Más de 20 horas tardaron en retomar el control en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras una agitada jornada en la que la cárcel más grande del país se mantuvo bajo el dominio del clan Rotela. Tacumbú es, sin lugar a dudas, terreno propicio considerando que ha sido hace mucho ya abandonada por el Estado paraguayo.

En esta cárcel los reclusos duermen a la intemperie, debajo de tinglados, en el suelo, sobre frazadas sucias. Aquí también está reflejada la gran desigualdad del Paraguay, pues se sabe de los húespedes vips que gozan de privilegios y lujos, mientras la gran mayoría subsiste en la miseria. No tienen acceso a la salud ni a una buena alimentación, entonces los más vulnerables caen directamente en las garras del crimen organizado.

De nada vale negar la realidad, el sistema penitenciario en nuestro país se encuentra en manos de grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el clan Rotela, facciones de las cuales se encuentran en todas nuestras cárceles.

El clan Rotela es una organización de carácter familiar, que originalmente estaba especializada en el microtráfico de crac en barrios de Asunción y Concepción, pero que se fueron expandiendo hasta convertirse en una organización de alcance nacional y que controla gran parte del tráfico de estupefacientes dentro y fuera de las prisiones. Esto se profundizó después de la captura de su líder en 2016, cuando el clan se expandió rápidamente a la mayoría de las prisiones del país. Hoy es una organización criminal de alcance nacional, cuyos recursos provienen del crac, la marihuana y la cocaína dentro y fuera de las prisiones. Según las autoridades, en el año 2019 el clan Rotela contaba con al menos 100 miembros y se estima que Armando Javier Rotela, apodado el “zar del microtráfico”, controlaba la mitad de la venta de crac en todo el país. Las autoridades estiman que la organización podría tener actualmente entre 1.000 y 4.000 integrantes, superando en número a cualquier otro grupo criminal de Paraguay o del Brasil con base en nuestro país, como el Primeiro Comando da Capital (PCC).

Se debe reconocer que el sistema penitenciario está sobrepasado desde hace por lo menos 15 años, y que ha traspasado varios gobiernos. Y, es claro que la solución no será precisamente construir más cárceles, la construcción de más penales no puede ser la única respuesta de los funcionarios y de la clase política. Si esta es la única respuesta, deberían al menos prepararse mejor para el próximo estallido.

Porque el país nunca va a tener suficiente espacio en sus cárceles si seguimos sumando a las mismas presos sin condena: Paraguay es el país con más presos sin una sentencia en la región, la población representa más del 70% de toda la población penitenciaria.

Son necesarios cambios profundos, que necesariamente deberán involucrar leyes, políticas públicas y a lo largo un mejor trabajo en cuanto a la seguridad ciudadana. Una importante reforma supondría trabajo con el personal, uso de tecnología y mejor infraestructura, pero, sobre todo, debe comprometerse el Poder Judicial pues es la instancia que decide quién entra y quién sale de prisión.

Sin embargo, ninguna reforma o cambio va a ser posible si cada gobierno continúa improvisando, ubicando en puestos a personas que no están formadas ni preparadas y ni siquiera tienen la inteligencia o sensibilidad para afrontar situaciones de crisis. La toma de una cárcel por parte del crimen organizado es una infamia, es una afrenta y una comprobación no solamente de la ausencia del Estado, sino de que Paraguay finalmente está muy cerca de ser un Estado fallido, sin democracia ni estado de derecho.

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