Redacción / HORA DEL ESTE
El supuesto testaferro registró un movimiento de 2 millones de dólares americanos en el ejercicio fiscal 2009-2010, pero vivía en el barranco de un arroyo, en una modesta casa ubicada en el barrio San Antonio de ciudad Presidente Franco.
El fiscal Arnaldo Giuzzio, quien realizó 5 allanamientos, en Presidente Franco y Ciudad del Este, buscando más evidencias sobre el millonario golpe, en el que investiga tentativa de estafa y producción de documentos de contenidos no auténticos. Adelantó que ordenaría la captura de varias personas, sobre el caso.
La pesquisa se inició hace un año. Entre las empresas investigadas se encuentra la importadora San Miguel, cuyo propietario es Mario Alberto Duarte. Esta empresa tenía como proveedora a la firma Litoral Import Export, cuyo dueño supuestamente es Nelson Espínola. Se encargaban de facturar supuestas ventas, aparentemente inexistentes, con intenciones de cobrar posteriormente el crédito fiscal, pero fueron descubiertos.
Aunque San Miguel y Litoral fueron cerradas y en consecuencia los supuestos propietarios reclamaron la devolución del millonario monto en crédito fiscal, actualmente Espínola aparece como supuesto dueño de otra empresa que registra un millonario movimiento en cuentas bancarias, según el agente fiscal Giuzzio. La denominación de la nueva empresa fue reservada por el fiscal.
UNA RED DE VECINOS. El esquema que se dedicaba a estafar al Estado con documentos fraudulentos está llamativamente integrado por un grupo de vecinos, empleadores y empleados, según relató el fiscal.
Mario Alberto Duarte, propietario de San Miguel, es esposo de la contadora Gladys Barreto, quien maneja la parte de documentos.
Mientras que Petronila de Espínola, esposa de Nelson Espínola, dueño de Litoral, es empleada doméstica de la contadora. Ambas familias son vecinas.
SOLO EN FACTURAS. En ese contexto se da la simulación de supuestas compras y ventas, con abultadas facturas, que al parecer se trata de una venta de facturas nada más, según explicó Giuzzio.
La intención es llegar a los verdaderos dueños de estas empresas que están utilizando a los más pobres para consumar los hechos delictivos.
La estafa contra el Estado no se consumó, aunque el supuesto dueño de San Miguel llegó a reclamar 2.400 millones de guaraníes como supuesto crédito fiscal, según el representante del Ministerio Público.
Se trata de un supuesto crédito fiscal correspondiente al año 2006, que fue reclamada en el año 2008. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público por el departamento de Investigación Tributaria y Detección de Fraude de la SET, a cargo del Lic. Tito Ibarrola, quien ayer acompañó los allanamientos.
DIRECCIONES FALSAS. Las empresas dieron direcciones falsas como suyas. El agente fiscal Arnaldo Giuzzio allanó un depósito en el complejo Mercosur, del kilómetro 9 de Ciudad del Este, pero en la dirección entregada al Ministerio de Hacienda. Sin embargo, el local pertenecía a otra empresa.
La dirección del domicilio de Nelson Espínola según el registro del Ministerio de Hacienda coincide con la dirección de un motel, ubicado sobre la avenida Monday, según el fiscal Giuzzio. En su casa solamente estaba un encargado, en el momento en que fue allanado por el representante del Ministerio Público.
El fiscal y su comitiva allanó la vivienda de Espínola, la oficina y el domicilio de la contadora, Gladys Barreto, ubicados en Presidente Franco y el depósito en el complejo Mercosur de Ciudad del Este.