El máximo tribunal decretó también la “inmediata detención” de todos los implicados que habían sido absueltos, y endureció las penas del empresario Ángel de la Cruz Soto y de los cuatro funcionarios de rango medio que sí fueron condenados en primera instancia, indicó en un comunicado el Órgano Judicial.
El caso, que dio la vuelta al mundo y generó un gran revuelo en Panamá, se remonta a 2003, cuando la estatal Caja del Seguro Social (CSS) distribuyó un jarabe elaborado con dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza como refrigerante industrial, que causó al menos 170 muertes y millares de afectaciones, según las cifras oficiales.
En una resolución emitida el pasado 11 de abril y hecha pública este lunes, la Corte Suprema decidió reformar la sentencia dictada el 26 de julio de 2016 por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.
En aquella sentencia solo fueron condenadas 5 de los casi 30 imputados, lo que causó gran decepción entre las víctimas.
Con la nueva resolución, tanto Luciani como los exfuncionarios Linda Thomas, Ignacio Torres y Pablo Solís, que quedaron absueltos en la primera sentencia, tendrán que cumplir 18 meses de cárcel y de inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
La Corte decidió así mismo condenar a 5 años de prisión al empresario Teófilo Gateno Hafeitz, que también había sido absuelto.
También resolvió mantener la absolución de la empresaria panameña Josefa de la Cruz de Seda, apuntó el Órgano Judicial.
La primera sentencia solo condenó a 5 años de prisión y al pago de una multa de 6.000 dólares a Ángel de la Cruz, dueño de la empresa que importó la glicerina con la que se elaboró el jarabe y para quien ahora el Supremo establece una pena de 15 años de prisión y 15 años de inhabilitación para ejercer funciones públicas y para firmar contratos con el Estado.
Los funcionarios de nivel medio Edward Enrique Taylor Jurado y Miguel Antonio Algandona de León, condenados en primera instancia a 12 meses de cárcel, tendrán que cumplir ahora 15 años de prisión y de inhabilitación.
El máximo tribunal mantuvo, sin embargo, para las exfuncionarias Nereida Isabel Quintero Ortíz y Marta Cristelly Sánchez Bustamante de Castillo la pena de 12 meses de prisión impuesta inicialmente.
En 2003, la CSS compró cerca de 9.000 kilos de supuesta glicerina pura a la empresa panameña Medicom, que a su vez adquirió la mercancía a la farmacéutica española Rasfer Internacional S.A., que la trajo desde China.
Con esa supuesta glicerina pura, la CSS elaboró un jarabe para la gripe, que resultó no ser apto para el consumo humano porque contenía dietilenglicol, una sustancia altamente venenosa que se utiliza principalmente como refrigerante industrial.
Las autoridades sanitarias distribuyeron por el país más de 200.000 frascos del “jarabe de la muerte”, pero no fue hasta el año 2006 cuando se empezaron a identificar los primeros casos de envenenamiento.
Hasta el momento, las autoridades han reconocido 170 muertes y más de 1.300 afectados, aunque se cree que la cifra podría ser ocho veces mayor.
