EFE
Los dos testimonios que expusieron ante la comisión parlamentaria que estudia el caso, el ahora inspector general de la Armada, Eduardo Pérez Bacchi, y su antecesor en el cargo, Guillermo Lezana, coincidieron en que las anomalías detectadas en la nave “estaban todas en resolución” antes de su partida desde Mar del Plata al austral puerto de Ushuaia el pasado noviembre.
Según un comunicado difundido por el Senado argentino, el sumergible precisaba de la corrección de las anomalías para su “adecuado funcionamiento”, algo que no sucedió y el sumergible zarpó sin haber “resuelto totalmente” los resultados de la auditoría que tuvo lugar un año antes de su desaparición en aguas del Atlántico.
Este estudio se gestionó bajo la supervisión de Lezana y los resultados fueron ratificados por Pérez Bacchi, que lo sucedió en el cargo el 27 de diciembre de 2016.
“Entre las anomalías encontradas figuraban pirotecnias (bengalas) vencidas y balizas obsoletas”, se lee en el documento.
Durante su declaración, Pérez Bacchi explicó que tras la desaparición del ARA San Juan trajo consigo “cuatro cajas” con información relacionada con la nave de la base naval de Mar del Plata. Las cajas se encuentran, según su testimonio, en el juzgado de la localidad de Caleta Olivia (Chubut, sur), donde se realiza la investigación judicial.
Lezana indicó que en la Armada Argentina hay “falta de presupuesto” para solucionar este tipo de incidentes en los submarinos, y recalcó que para sacar conclusiones al respecto, “falta un elemento clave: que son los restos”.
Los miembros de la comisión especial para el seguimiento del caso visitarán el próximo 21 de junio el astillero Tandanor, donde regularmente se realizan las reparaciones navales y que recientemente se ocupó de la puesta en marcha del Rompehielos ARA Almirante Irízar.
