Está culminando el segundo mes del año y la Itaipú Binacional (IB), la mayor generadora de energía limpia y renovable del planeta, con casi “tres millones de gigavatios hora (GWh) producidos desde el inicio de sus operaciones en 1984”, sigue sin presupuesto definido para este 2024.
Obligadas por las presiones de sus trabajadores y proveedores, las autoridades de la central hidroeléctrica tuvieron que aprobar el lunes pasado “procedimientos provisorios y extraordinarios para la realización de gastos” hasta marzo de 2024, en una reunión extraordinaria del Directorio Ejecutivo.
Del encuentro de los directivos de la entidad, la prensa no se enteró con tiempo para brindarle la correspondiente cobertura. Y miren que estamos hablando de la empresa más importante del país. ¿Qué pretendían ocultar? ¿Por qué la entidad sigue actuando opacamente? La “1184ª reunión extraordinaria” trascendió en los medios de comunicación brasileños al día siguiente, y en Paraguay con posterioridad. Luego, apareció la Resolución del Directorio Ejecutivo (RDE) 001/2024, en la que se adoptan las medidas provisorias. Sin embargo, en el documento nada se dice de la tarifa que las compradoras abonarán a Itaipú, un número que se mantiene en secreto con el argumento de que se optimice la compra en Paraguay, mientras no haya una cifra.
Ya el viernes pasado, el canciller paraguayo tuvo que salir a confirmar la reunión del Directorio, anunciando también que habrá, probablemente, otro encuentro en la semana del 4 de marzo, esta vez entre ministros y tal vez el Consejo de Administración de la entidad binacional. Además, detalló que cuatro cifras están sobre la mesa de negociación en Itaipú, dos propuestas de Brasil y dos de nuestro país, aunque prefirió no revelarlas por una cuestión de estrategia.
Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores no son muy esperanzadoras, porque nada dijo de incluir los recursos paraguayos de la central en el Presupuesto General de la Nación. Nada mencionó de comprar toda la energía paraguaya para comercializarla a precio de mercado, como lo señala el acuerdo Lugo-Lula, o el Acta de Foz de Yguazú, que establece un “precio justo” por el producto de la hidroeléctrica.
No. Lo que pretenden, detrás de las frases de supuesto desarrollo para el país, es administrar recursos discrecionalmente, sin observación de la Contraloría General de la República, a través de los famosos gastos socioambientales. Ningún representante del actual Gobierno habló, hasta ahora, de transparentar esos recursos adicionales para bien de todo el Paraguay.
Al parecer, se aprobará una tarifa intermedia, la que menos conviene al país, según expertos como el ingeniero Pedro Ferreira, ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Además, el debate paraguayo se concentró hasta ahora en el corto plazo, en la tarifa, en la plata dulce de Itaipú, y no en el Anexo C, cuya revisión sigue en espera o la propia renegociación de todo el leonino tratado. Esto último es lo que subraya un ex director general de la entidad, el doctor Carlos Mateo Balmelli.
En Itaipú, el estado de las cosas no cambiará. Es más, se está proponiendo violar el Anexo C para mayor beneficio de un gigante sudamericano; porque si es la ciudadanía la que será beneficiada, la tarifa debe bajar como lo establece el Anexo C y que a fin de mes paguemos menos por el costo de la energía eléctrica. Y sí, aunque la tarifa más alta puede ser adecuada para nuestro país, mientras Brasil siga siendo el que se lleva la mayor parte de la generación, si esos fondos no son administrados con claridad, entonces para qué.
Y recuerdo las palabras del ingeniero Ferreira al final de este comentario: “La parafernalia propagandística ya está preparada para vender la intermedia como un acto en que no se perdió ni se ganó todo, cuando, en realidad, no es así porque los dos extremos nos convienen y el medio no”.
