El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, concedió el sobreseimiento provisional de tres procesados por supuestos hechos de estafa, reducción, apropiación y asociación criminal en perjuicio de la ANDE.
La resolución del magistrado favorece a los procesados Egidio Javier Bordón Díaz, Francisco Ariel Ocampo y Juan Gabriel González Benítez, quienes están imputados en la causa por los citados hechos punibles.
La medida se dio a pedido del fiscal Silvio Corbeta Dinamarca, quien solicitó el sobreseimiento provisional para continuar la investigación de los hechos, con el objetivo de determinar exactamente cómo ocurrieron.
El agente requirió identificar a las personas que, como funcionarios de la sección, despacharon de la sede Boggiani de la ANDE, los materiales, sin verificar si era de la firma contratista CIME. Posteriormente al 2019, habrían remitido a la empresa de electricidad un listado de personas autorizadas a retirar los materiales del citado depósito.
Alegó que con relación a los procesados existe actualmente, una serie de elementos contradictorios que deben ser esclarecidos con la realización de mayores diligencias.
Explicó que no se posee la certeza suficiente de cuál sería la responsabilidad y de la situación procesal en la que se encuentran los procesados mencionados anteriormente. Y que, por ende, corresponde la aplicación del sobreseimiento provisional.
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Por su parte, la defensa de los procesados, a cargo de la abogada Cecilia López, requirió el sobreseimiento definitivo de los encausados.
Al final, tras analizar el caso, el juez Otazú rechazó el sobreseimiento definitivo de los procesados, y el incidente de extinción de la acción penal, requerida por la defensa del encausado Juan Gabriel González.
Además, el magistrado concedió el sobreseimiento provisional de los encausados. Entre las diligencias a realizar por el Ministerio Público están informe a la firma CIME SRL sobre la desvinculación de un empleado, y otros datos; informes de la ANDE y del Instituto de Previsión Social.
Asimismo, la ampliación de la declaración testimonial del ingeniero Raúl Guerreño, del subcontratista Marco Antonio Ávalos, y del abogado Rodrigo Ortellado, además de otras diligencias.
Finalmente, levantó las medidas cautelares que tenían los procesados. Ahora, la Fiscalía tiene un año para reabrir la causa.
