Sobran ejemplos sobre la forma en que se manifiesta la desidia de funcionarios y políticos. Las dos principales prestadoras de salud —el Ministerio de Salud y el IPS— ya estaban colapsadas y desabastecidas antes del inicio de la epidemia, mientras que la crisis del agua dejó a zonas enteras sin este recurso vital semanas antes de la epidemia.
El acceso a la salud depende de que las familias tengan dinero o una red de amigos que organicen polladas, tallarinadas, paellas o rifas. En el caso de la Essap, cuando se inició la emisión de bonos soberanos, sus autoridades solicitaron la provisión de recursos provenientes de estos fondos, ya que los mismos debían ser invertidos en infraestructura. ¿Qué otra infraestructura puede ser más importante que la destinada a la salud de la ciudadanía? Sin embargo, el endeudamiento no financió las obras que realmente necesitaba la gente.
La recaudación de impuestos es baja e inequitativa, totalmente insuficiente para financiar las necesidades de salud de la población. Los bonos soberanos se dirigieron a financiar obras que hasta ahora no muestran impacto positivo directo en las personas. Y para empeorar la situación, el exiguo aumento presupuestario, en lugar de financiar servicios de salud universales, se destinó a los famosos seguros vip, altamente ineficientes por el costo que implican y la escasa población cubierta.
Esta forma de financiamiento debilitó la posibilidad de crear un sistema de salud de cobertura para todos y creó ciudadanos de primera y de segunda, creando una nueva forma de desigualdad en un país cuyo imperativo debería ser reducirlas.
La epidemia del coronavirus nos encuentra vulnerables y con posibles consecuencias de alto costo en vida y recursos que podrían haberse reducido de contar con un sistema de salud que funcionara.
La calidad de la atención a la salud está en manos de básicamente cuatro instituciones: el Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social, el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental y la Essap. Estas cuatro instituciones deben quedar fortalecidas para que en los próximos cinco años Paraguay deje de estar al final de la estadística latinoamericana que se refiere a condiciones de salud.
El actual Gobierno, además de impulsar la creación del sistema nacional de salud que ya cuenta con un marco normativo apropiado, debe realizar las reformas que sean necesarias para financiar adecuada, oportuna y sosteniblemente una cobertura universal de salud y de agua potable.
Esperemos que este Gobierno aprenda la lección y empiece a hacer bien las cosas, ya que todavía le quedan varios años por delante. Tiene la gran oportunidad de dejar fortalecido el sector, con recursos permanentes y que permitan de una vez por todas cumplir con la ciudadanía.