Abusos infantiles, feminicidios, violencia intrafamiliar y demás acciones que detentan contra la seguridad y la vida misma de las personas, crecen en cifras, se multiplican día a día; y la respuesta de las autoridades, como de la sociedad en general, se diluye en meras expresiones de deseo, sin encontrarse una real prevención frente a los hechos que perjudican casi siempre a los más débiles.
Ya antes de la pandemia, el entramado social acumulaba resquebrajamiento, en un cóctel de desencanto y bronca frente a la impunidad de las cúpulas de poder, todo ante a los ojos cegados de la Justicia. La gente de a pie —estoica y pasiva— adoptó la costumbre de apreciar cómo “el vivo vive del zonzo”, casi sin reaccionar. En tanto que la plata continuaba escasa y se agudizaba paulatinamente la crisis general.
La desprotección, el abandono y las insuficientes políticas públicas para lograr la inclusión de todas las capas sociales; la angustia de los necesitados y los que nunca alcanzan a ser beneficiados con una correcta distribución, catapultan la efervescencia, calientan el ambiente y por algún lado debe explotar la ira colectiva.
El Covid-19 vino a potenciar más la desorientación, porque lanzó a mayor cantidad de gente a la pobreza y, por otro lado, encumbró aún más a quienes manejan los recursos públicos sensibles y giran el grifo para que siga derramándose alegremente la canilla de los fondos desviados o malversados, pero solo para su privilegiado entorno.
Con un escenario en que las voces lanzan al éter el manido “sálvese quien pueda”, la pandemia se encargó de corroer aún más el espíritu de quienes trataban de mantenerse en pie, cultivando dignidad y buscándole la vuelta, a pesar de los martillazos del destino.
Pero en las acciones cotidianas de mucha gente, al interior de su familia o su entorno, el antivalor de la violencia tiene un marco fecundo y la chispa que se enciende generalmente en un ambiente caldeado, deriva en víctimas que pagan los platos rotos. El descontrol y la irracionalidad se apoderan de las emociones y plasman en sangre el triste desenlace.
Numerosos factores pueden colocarse sobre la mesa para intentar un análisis del comportamiento de los que buscan imponer su voluntad mediante la fuerza bruta. Los más básicos apuntan al desequilibrio emocional, producto de traumas que modelan el pensamiento y hasta los arrebatos, llegadas las circunstancias salpicadas por resquemores.
Apelar a las cifras y estadísticas a veces parecería circunscribir solo a aspectos formales, sin adentrarse en el intríngulis de las posibles causas y las necesarias soluciones, puesto que hablar de 18 feminicidios en 9 meses desde inicios de año, más unos 1.500 casos de abuso infantil y el cotidiano recuento de violencia intrafamiliar hablan por sí solos de la enfermedad social que perdura, y que las restricciones por pandemia se encargaron de potenciar.
¿Cómo proteger más a las posibles víctimas? ¿De qué manera enfatizar en concienciación sobre el respeto al semejante? ¿Qué estrategias y acciones encarar con el fin de aminorar los elevados niveles de violencia? Colectivos de mujeres, organizaciones sociales, de derechos humanos y de protección a la niñez replican una y otra vez los riesgos de vivir en una sociedad donde pululan seres enajenados, que evaden el diálogo y apelan al seco golpe para dirimir diferencias.
La inversión en seguridad y en formación de capital humano son pilares en el esquema de las políticas públicas, que deben perdurar e insistirse más allá de un programa de gobierno, cuyo signo es, entre otras deficiencias, marginar todo lo atinente a salud mental y brindar pocas oportunidades a la realización plena del ser humano. A la deriva y sin paradigmas positivos de los que aferrarse, habrá —por un lado— quienes continuarán moldeando la arcilla nefasta del resentimiento y la insatisfacción, y quienes se encontrarán en el triste papel de víctimas de todo un sistema que no se preocupa de su protección.
