El desorden y la injusticia que hay en materia de manejo del personal público en las diversas instituciones es tan grave –tal como se empieza a constatar globalmente con la publicación obligatoria de la nómina del personal público y el dinero que reciben en diversos conceptos– que hacen falta severas correcciones, si es que el Gobierno quiere iniciar el proceso de formalización del Estado paraguayo.
Si bien hoy son los empleados del Congreso los que están en el ojo de la tormenta, es evidente que en todos los sectores de la administración pública se observa la ausencia de buenas prácticas en relación a lo que atañe a forma de incorporación, asignación salarial, evaluación, promoción y despido del personal público.
El resultado de ello es que en algunas instituciones públicas se despilfarra más dinero que en otras. Todas, sin embargo, están unidas por la carencia de normas precisas con respecto al manejo del funcionariado que cobra con dinero aportado por los contribuyentes.
Hace 14 años que está vigente la Ley 1626/2000, de la Función Pública, que instituye –artículo 12– la “carrera de la función pública” y establece –artículo 15– que “el sistema de selección para el ingreso y promoción en la función pública será el concurso público de oposición”.
Esta es la hora, sin embargo, en que la SFP no ha logrado implementar totalmente lo que manda la ley. La razón es que en ninguno de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– que conforman el Gobierno han manifestado con hechos palpables la voluntad política de acabar con la violación del cuerpo normativo vigente.
Mientras no se ponga en marcha en todas las instituciones públicas el plan de carrera de la función pública que contemple el ingreso a través de la igualdad de oportunidades que se efectiviza en el concurso, se pague lo justo a todos los funcionarios –sin necesidad de recurrir a remuneraciones extraordinarias– y un sistema de promoción basado en evaluaciones para ascender de categoría, los empleados públicos seguirán expuestos a irregularidades, vaivenes e incertidumbres.
En lo que atañe a salarios, la filosofía debe ser la justicia: a cada uno se le debe asignar una retribución digna acorde con su capacidad, empeño, sentido ético y responsabilidad en el cuidado de la cosa pública.
La tarea de ordenar la casa para más de 250.000 funcionarios públicos no es tarea sencilla. A la SFP, acompañada por la voluntad política de los tres poderes del Estado, le corresponde afianzar el proceso que aún se desarrolla muy tímidamente.
Lo que hoy ocurre en la administración pública causa indignación. Ya es la hora de hacer que el discurso se encarne en acciones concretas para dejar de lado el carnaval que hoy se observa en el manejo del funcionariado.