La falta de institucionalidad y la fragilidad de las instituciones se ponen en evidencia cuando estas accionan o realizan sus labores solo si existe algún tipo de presión.
Estas situaciones se han evidenciado recientemente, luego de una serie de publicaciones de ÚH y la gran presión ejercida por miembros de la sociedad civil para que el Poder Judicial comenzara a movilizar algunos expedientes relacionados con sonados procesos.
Tras las denuncias públicas referentes a la falta de voluntad por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial para agilizar diversos casos de corrupción pública, finalmente algunos de estos dejan de estar paralizados cuando las autoridades recuerdan tratarlos. Es el caso de algunos procesos que involucran a políticos y a ex ministros, cuyos expedientes llevaban mucho tiempo inactivos, los cuales recientemente, y contra todo pronóstico, ya cuentan con fechas para juicio oral y público.
Uno de los litigios es el que involucra a los ex miembros de la Corte Suprema de Justicia Víctor Núñez y Sindulfo Blanco por presunto prevaricato. Hasta el momento, el recurso de la chicana ha logrado postergar el procedimiento en numerosas ocasiones. Otro expediente que se reactivó gracias al monitoreo y la presión ejercida por la sociedad civil es el que afecta al diputado oficialista Miguel Cuevas. En su caso, se modificó la fecha de juicio oral del 28 de junio al 8 de julio. La acción de inconstitucionalidad presentada por el legislador no le serviría de nada.
Asimismo, hay varios procesos que tienen como protagonistas a intendentes, uno de los cuales involucra al ex jefe comunal de San Antonio Raúl Isaac Mendoza, encausado por lesión de confianza, para quien al fin se fijó fecha de juicio oral para la primera semana de agosto. Mientras que en el caso que atañe al ex intendente de Concepción Alejandro Urbieta, se informó que el expediente ya se encuentra para control en el Juzgado Penal de Garantías desde la semana pasada.
Desde la organización Somos Anticorrupción, que sigue de cerca los casos emblemáticos, se muestran satisfechos de que al final comiencen a moverse las causas que monitorean. Desde aproximadamente dos años la organización lleva adelante este observatorio judicial para vigilar algunos expedientes de corrupción política y crimen organizado; presentando urgimientos a los jueces para que accionen en los casos.
La organización valora el compromiso del ministro Ramírez Candia, con quien implementaron una mesa de trabajo para el seguimiento de los procesos.
Desde la sociedad civil se destacan los avances; sin embargo, continúan los cuestionamientos para el Ministerio Público, institución que hasta el momento no ha concedido las reuniones periódicas solicitadas con los fiscales anticorrupción.
Queda cristalinamente claro que la lentitud de nuestra Justicia es una firme aliada de la corrupción. Las llamadas chicanas, promovidas por políticos procesados, autoridades electas y funcionarios públicos juzgados por presuntos casos de corrupción, se retrasan durante años como consecuencia de la complicidad institucional. Estas causas son cajoneadas y, por lo general, reciben escasa atención del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Para fortalecer nuestra democracia necesitamos que la Justicia no solo sea justa, lo que es mucho más que un pleonasmo, y que se haga realidad la premisa constitucional de que todos los habitantes de la República tienen garantizado igual acceso a la Justicia, así como la igualdad ante las leyes. Necesitamos de una sociedad civil activa, pero necesitamos también que las instituciones funcionen.
