La idea de fusionar el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna) y la Secretaría de la Juventud bajo una sola cartera ha generado un rechazo contundente, especialmente de las personas beneficiadas por los programas. Las críticas no son infundadas: ¿Cómo se abordarán problemáticas específicas —como la violencia de género o el abuso infantil— dentro de una estructura burocrática menos especializada?
En el 2024, el Ministerio de la Mujer registró 31 feminicidios en Paraguay. Este año, la cifra es de cuatro, siguiendo la misma fuente, pero se eleva a 10, según el Observatorio de Violencia de Género del Centro de Documentación y Estudios (CDE). Si las cifras no le parecen suficientemente alarmantes, pensemos en el subregistro de datos públicos en Paraguay: los números reales podrían ser mayores —y probablemente lo sean—.
De igual manera, el Minna existe porque la niñez enfrenta desafíos que van más allá del ámbito familiar: explotación infantil, abuso sexual, falta de acceso a educación. Mientras se debate la creación de un nuevo ministerio, el Senado rechazó penalizar el criadazgo, una práctica que, aunque algunos insisten en normalizar como “costumbre solidaria”, es trabajo infantil no remunerado, explotación y, en muchos casos, trata de personas.
La realidad es contundente. Si las leyes actuales fueran suficientes, no seguiría existiendo el criadazgo, y Paraguay no habría sido condenado por la Corte IDH en el caso Panambí. El proyecto rechazado incluso redujo las penas propuestas (de 20 a 10 años) para evitar “excesos”, pero ni así logró consenso.
¿De qué sirve un “Ministerio de la Familia” si no se ataca una de las peores violaciones a los derechos de la niñez? El mensaje es claro: el discurso de protección infantil es solo eso, un discurso.
Si el objetivo fuera realmente proteger a las familias, ¿por qué no aumentar los presupuestos de estas instituciones en lugar de fusionarlas? La respuesta parece más económica que estratégica, un supuesto “ahorro” estatal que, en realidad, podría costar derechos humanos.
Un Estado serio no se limita a anunciar reformas, sino que las sustenta con acciones concretas, con investigación y datos reales. Hoy, Paraguay hace lo contrario: un par de señores anuncian medidas que no entienden sobre temas que desconocen desde sus curules, cómodamente sentados en los asientos que valen lo que un asalariado gana en seis meses.
La pregunta sigue en el aire: ¿Cuál será la estrategia? Por ahora, como ya nos tienen acostumbrados, solo hay improvisación, incoherencia y una alarmante falta de prioridades. Si el objetivo es realmente cuidar a las infancias, el camino no es crear un nuevo ministerio, sino cumplir con los que ya existen.
