Dos muchachos murieron en el Centro Educativo Itauguá la semana pasada. Ambos tenían 16 años y fueron baleados con las escopetas de los guardias del correccional de adolescentes. En la noche del 21 de abril pasado, Francisco y Néstor pasaron a engrosar la lista de personas asesinadas estando en custodia del Estado.
Hasta ahora quedó demostrado que un joven atacó al director del centro educativo, luego huyó y actualmente sigue prófugo. También se sabe que hubo un motín de decenas de muchachos que quemaron colchones en protesta por malos tratos y por la mala alimentación en la institución.
Por algún motivo, funcionarios del lugar –que se supone un “centro educativo"– decidieron calmar los ánimos de los amotinados a balazo limpio. Obviamente, el reglamento interno y la ley prohíben que los guardias disparen con armas de fuego a adolescentes desarmados y amontonados en espacios cerrados.
La autopsia reveló además que ambas víctimas recibieron múltiples impactos de proyectiles de plomo y que estaban de espaldas y a una corta distancia de sus victimarios. Dos celadores admitieron haber disparado, pero aseguraron que creían que las armas portaban balines de goma. En medio de tantas versiones, estos son los puntos hasta ahora confirmados por las autoridades.
Las estadísticas indican que del 2009 a esta parte, cerca de 80 personas murieron en condiciones precarias en las distintas penitenciarías del país. Al menos cuatro de estos muertos corresponden al actual Gobierno. Los meritorios esfuerzos de la actual ministra Abed evidentemente chocan con un problema que tiene sus raíces en décadas y décadas en las que las cárceles fueron vistas como depósitos humanos. A 13 años del incendio en el Panchito López –en el que murieron 12 jóvenes–, el Estado sigue en deuda con los adolescentes privados de su libertad.
Este doble homicidio también sirvió para mostrarnos, especialmente en las redes sociales, qué tan cerca estamos de volver a la barbarie. Para muchos internautas, el hecho de que estos adolescentes tengan antecedentes por robos, automáticamente, exculpó a los guardias y justificó plenamente la muerte de los internos.
Los escopetazos impusieron el silencio en el correccional. Aquellos balazos terminaron con la corta vida de dos paraguayos que podían haberse reformado o sumergirse cada vez más en los delitos. Nunca lo sabremos. La tragedia de aquella noche itaugüeña dejó al descubierto, una vez más, las bases podridas que sostienen el sistema penitenciario y permiten que se vuelva cada vez más siniestro.