La reciente avalancha de ásperas críticas en la prensa y redes sociales a ministros de nuestro Poder Ejecutivo por aparentes falencias en la gestión administrativa de sus ministerios evocan episodios de la serie y nos invitan a reflexionar sobre la relación entre un ministro y los funcionarios de su cartera. En particular, nos preguntamos cuál es, o debe ser, la responsabilidad de un ministro y qué debemos esperar de él.
En el sistema británico, el secretario permanente es un funcionario que cumple en el ministerio las funciones de lo que en una empresa serían las del gerente general. Es el principal responsable de todos los procesos administrativos y financieros, y responde directamente al parlamento por su gestión. Ascendido por mérito o contratado del sector privado por concurso, debe ser totalmente apolítico, y generalmente posee formación profesional en Administración Pública.
El ministro, por su lado, tiene responsabilidades esencialmente políticas: fija prioridades, estrategias, objetivos y metas derivadas del programa del gobierno de turno, verifica su cumplimiento y, mediante una buena comunicación, es un vínculo entre el gobierno y el pueblo. No puede interferir en licitaciones y procesos administrativos que están netamente a cargo del secretario permanente.
Muchas de las falencias en la gestión de nuestra Administración Pública se originan precisamente en la falta de discriminación entre responsabilidades políticas y administrativas. Una gran parte de los funcionarios públicos están altamente politizados, y a la vez esperamos que nuestros ministros sean eficaces administradores públicos, auditores y gestores financieros, actividades para las cuales muchos no tienen la más mínima formación profesional indispensable.
Consciente de que cualquier reforma del Estado está condenada al fracaso si no se logra construir y afianzar la separación entre las responsabilidades administrativas y políticas de los protagonistas, el Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso el proyecto de ley de la función pública y la carrera del Servicio Civil. Este es un gran paso en la dirección correcta hacia la exclusión de la influencia política de la carrera del Funcionario Público, priorizando las promociones por mérito y evaluación de competencias.
El objetivo no será fácil de lograr, ya que la relación simbiótica entre funcionarios públicos y sus padrinos políticos siempre ha sido para estos abundante fuente de recursos y oportunidades de nombramientos.
Objetivo difícil, pero no imposible. En algunas carteras ministeriales, como Hacienda y Relaciones Exteriores, se han implementado importantes avances en la profesionalización de la Administración, y los resultados son reconocidos y valorados por la ciudadanía. Ahora, como ciudadanos, nos corresponde respaldar enérgicamente este proyecto de ley, porque solo con el apoyo de todos los sectores que buscan el bien del país se podrán vencer los obstáculos de mezquinos intereses creados.
Casi todos los episodios de la serie británica terminan con Appleby contestando: “Sí, señor ministro”, a alguna propuesta de Hacker, aunque sabemos que no tiene la menor intención de cumplirla. Ahora tenemos la oportunidad de apoyar y defender un proyecto de ley que promocionará a funcionarios competentes e independientes que, ante indicaciones ilícitas o impropias, serán capaces de responder sin riesgo a su carrera: “No, señor ministro”.
