La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Secretaría Anticorrupción (Senac) presentaron este jueves una denuncia ante la Fiscalía contra la Gobernación de Central, a cargo del colorado Hugo Javier, tras detectarse inconsistencias documentales en la presentación de la rendición de cuentas.
De acuerdo con el viceministro de Tributación, Óscar Orué, la falsificación de las facturas estaría en el orden de los USD 1 millón, que sería una forma de justificar esos fondos otorgados en el marco de la Ley de Emergencia a causa del Covid-19.
“En esta situación nos parecía muy importante que el Ministerio Público tome conocimiento porque estamos hablando de un hecho bastante irregular por cambiar facturas”, explicó el viceministro de Tributación, Óscar Orué, en conferencia de prensa.
Asimismo, precisó que la SET solicitó informes a la Contraloría General de la República (CGR) de rendición de cuentas por trabajos realizados para la Gobernación y detectaron que “varían sustancialmente” de las documentaciones presentadas por la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) a la Contraloría y las presentadas a Tributación.
“El Gobierno está muy preocupado, es muy importante, porque hace referencia a préstamos otorgados para enfrentar la pandemia. No tenemos un monto del daño patrimonial, pero queríamos hacer la presentación para que se pueda clarificar el uso de fondos públicos”, indicó.
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Lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y declaración falsa son algunas de las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía, informó el periodista de Última Hora Iván Lisboa.
Al respecto, el ministro René Fernández Bobadilla, de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), dijo que en mayo la Gobernación habría cambiado facturas apócrifas, para tratar de justificar el uso de los fondos.
“En el mes de mayo se presentó un segundo grupo de documentos para justificar el uso de los fondos, donde fueron cambiados los documentos presentados inicialmente”, detalló.
Es decir, que tienen dos rendiciones de cuentas con documentos que sustentan los datos, pero son distintos. “La preocupación tiene que ver con el reemplazo de los documentos”, prosiguió.
También aseveró que la Comisión Bicameral de Control de Gastos de los Fondos Covid-19 informó que al criterio de ellos “hubo una presentación defectuosa de la Gobernación de Central ante esa entidad”.
“Se desviaron USD 1 millón de la Gobernación de Central y se intentó justificar con facturas falsificadas y rendiciones de cuentas con documentos que no coinciden”, remarcó Fernández.
El Ministerio Público deberá establecer las responsabilidades en el caso, así respondió Fernández Bobadilla al ser consultado sobre la participación del gobernador Hugo Javier. Con los tipos penales presentados se habla de penas de entre 5 a 10 años de cárcel.
El caso salió a luz tras la publicación de la rendición de cuentas de la Gobernación sobre los fondos Covid y la averiguación de los datos por parte de dos concejales liberales.
