El primero de ellos está relacionado con la inyección de recursos para el ámbito citado, ya que la observación es que existiría un origen dudoso; y por otro lado, no existe un pago de tributos que se corresponda con los movimientos que se observan desde la dependencia estatal, en general. “Es un sector que creció mucho y se está desarrollando”, agregó.
No obstante, aclaró que hay casos en los que los contribuyentes rectifican producto de una notificación desde la SET, situación en la que se aplica una multa al finalizar el proceso, pero que en otras ocasiones no se recibe notificación alguna y de motus propio decide aplicarla, con lo cual no hay sanción.
“Las normativas establecen que se pueden hacer hasta dos rectificaciones, ya que para una eventual tercera primero debe pasar por una auditoría externa impositiva. Es decir, son limitadas en realidad las posibilidades de presentación de declaraciones juradas rectificativas”, explicó el funcionario.
Sobre las empresas inmobiliarias ya investigadas, indicó que pueden rectificar, pero se les va a aplicar multa, además de los intereses moratorios por el plazo de la rectificación.
No obstante, mencionó que históricamente hay contribuyentes que esperan ir hasta las últimas consecuencias, atravesando el sumario, el tribunal de cuentas y siguiendo el proceso, pero que si se encuentra que utilizaron facturas falsas, ya se da intervención no solo a Seprelad, sino a la Fiscalía.
FUSIÓN. En torno a la intención de fusionar Aduanas y Tributación, Orué opinó que había leído el proyecto y que aparentemente es con intenciones de que los procesos sean más exigentes y que haya más control desde ambas instituciones, ya que hoy existen limitaciones para compartir información.
“Es un modelo existente en otros países; se puede tornar más eficiente si se coordinan los trabajos, porque si al final será exactamente igual con nombre distinto, no tiene sentido”, finalizó.
