El rubro inmobiliario es uno de las más populares y rentables para la inversión privada. Al mismo tiempo, los riesgos de lavado de activos y la evasión de impuestos asociados a actividades ilícitas son una constante alarma para los organismos públicos de control, según sostiene el Grupo de Acción Financiera (Gafi).
En nuestro país, el negocio de compra, alquiler y venta de propiedades no escapa de esas exposiciones y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) ya tiene bajo la lupa a una decena de empresas del sector.
La Administración Impositiva ordenó una fiscalización puntual a una decena de compañías, luego de que el Departamento de Inteligencia Tributaria haya detectado justamente indicios de evasión y lavado mediante un cruce de datos y declaraciones juradas.
La información a la que accedió ÚH da cuenta que, por un lado, los investigadores hallaron serias sospechas de defraudación en el impuesto a la renta empresarial (IRE) y el impuesto a la renta personal (IRP). El IRE se abona por las ganancias empresariales, mientras que el IRP por la renta obtenida por accionistas, directivos y/o vendedores.
Con respecto a los indicios sobre el lavado, lo detectado corresponde a las dudas sobre el origen del dinero que se utilizó para capitalizar a las empresas bajo la lupa, tanto para la adquisición de terrenos, casas o departamentos; así como para las construcciones y refacciones de viviendas particulares, edificios o condominios, entre otros.
Transición. La idea de la SET es que la fiscalización puntual culmine entre fines de julio e inicios de agosto.
Con esto, se busca determinar específicamente el monto no abonado en concepto de impuestos para la aplicación de las sanciones, de modo a no dejar esta tarea inconclusa antes del cambio de autoridades. No obstante, las empresas y contribuyentes investigados pueden recurrir las sanciones, en un proceso que se conoce como sumario. En última instancia, si no hay acuerdo, pueden accionar ante el Tribunal de Cuentas.
Asimismo, tras el término de la fiscalización, si se confirman los indicios de lavado, los documentos e informes serán remitidos a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Emplazamiento. La investigación al negocio inmobiliario no es una novedad.
Según se supo, a fines de abril, la entidad intimó a 78 empresas del sector de la construcción, por inconsistencias en sus declaraciones juradas por USD 14 millones.
Los hallazgos durante la fiscalización tienen que ver con egresos que no cuentan con comprobantes de respaldo, aunque también se sospecha de la utilización de facturas falsas. Asimismo, se detectaron diferencias entre las declaraciones juradas de renta y de consumo.
Por el secreto de las actuaciones, la SET no puede dar a conocer el nombre de las empresas hasta que la sanción sea confirmada por la Justicia.
