El comunicado de Serpaj señala que “dicho anteproyecto sólo busca fortalecer a las Fuerzas Armadas (FFAA), basado en una mentalidad militarista donde el concepto tradicional de defensa se encomienda al ejército y al SMO. Hoy la defensa pasa por la promoción irrestricta de los derechos humanos, el fomento de la solidaridad y la construcción permanente de una cultura de paz, basados en la dignidad de la vida”.
Afirma que el SMO no tiene una justificación democrática, es propio de gobiernos autoritarios y no inculca valores democráticos por la naturaleza de las FFAA, basada en un régimen vertical, jerarquizado y autoritario.
Agrega que el anteproyecto quiere transferir responsabilidades que no son competencia de las FFAA, como la capacitación en mandos medios, que es responsabilidad de instituciones como el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) o se debería fomentar la creación de más centros vocacionales en el interior del país, fortalecer las escuelas técnicas agrícolas, entre otros.
“Que la realidad social de muchos jóvenes que hoy tienen algún tipo de problema no se soluciona con enviarlos a los cuarteles, sino que se requiere de políticas públicas inclusivas al primer empleo, acceso a la salud, acceso a una educación con calidad y de destinar mayores recursos para los centros que tratan la adicción a drogas”, señala la nota.
Otra crítica es que con el mencionado anteproyecto se deberá aumentar el presupuesto para las Fuerzas Armadas, en detrimento de otros entes estatales como Salud o Educación.
“Desde el Serpaj-Py repudiamos este tipo de iniciativas legislativas que no redundarán en beneficios para el país. Estamos a favor del ejercicio pleno del derecho a la objeción de conciencia; hoy existen más de 140.000 jóvenes que han rechazado al SMO y se han amparado en su derecho a objetar dicho servicio”, señalan.
Finalmente recuerdan que desde 1989-2012 murieron 147 jóvenes en cumplimiento del SMO y hay 2 niños soldados desaparecidos en el Chaco, sobre algunos de estos casos el Estado paraguayo fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Ante la memoria de estos hechos, las autoridades responsables deberían plantear proyectos que se fundamenten en la dignidad humana, basados en el respeto de principios básicos de derechos humanos”, culmina.
El anteproyecto de ley fue presentado por la diputada María Nimia Caríssimo.
