A fin de generar reportes de operaciones sospechosas desde sectores que actualmente tienen la única exigencia de estar inscriptos en la institución, se procede a la realización de estudios sectoriales de entidades sin fines de lucro (entre las que se encuentran organizaciones deportivas, partidos políticos y comisiones vecinales), inmobiliarias, remesadoras, agronegocios y activos virtuales como bitcoins. El análisis se aplica también a la materia societaria.
El objetivo es identificar los riesgos de lavado existentes en estas actividades y ajustar las normas de prevención. Esto informó Diego Marcet, director del Área Jurídica de Seprelad, y anunció que los resultados de los estudios sectoriales estarán listos a principios del 2020.
“(Con) esta modificación de la ley 1.015, que afecta específicamente a la Seprelad en su proceso de actualización de todo el marco normativo de los sujetos para implementar el enfoque basado en riesgos, queremos que todos los sujetos obligados apliquen: En los sectores de mayor riesgo, mayor control; en los sectores de menor riesgo, menor control”, explicó.
“Algunas de las resoluciones vigentes en Seprelad lo único que hacían era inscribir (a los sujetos obligados) y no les daba el sistema para reportar, era más bien una cuestión de conocer, que se registren, que se vea una declaración de origen de los fondos, pero no sujetos a reportar con las mismas exigencias que un banco, por ejemplo. Con esto (los estudios sectoriales) vamos a tener un diagnóstico de qué tanto riesgo hay para saber, en la medida de la nueva resolución, qué tanto les va a impactar”, añadió.
Marcet agregó que, en el arranque del 2020, trabajarán también en decretos reglamentarios pendientes y continuarán con la evaluación nacional de financiamiento del terrorismo; esto último, por la incidencia de factores sensibles como el movimiento de la Triple Frontera y la incursión de organizaciones criminales.
Celebró que la legislación antilavado se encuentre ahora acorde a las exigencias internacionales, lo que aseguró que permitirá aplicar con sustento legal cada uno de los requerimientos que emanan de la Seprelad. En cuanto a los decretos reglamentarios que se deberán emitir, mencionó a las leyes que se relacionan con beneficiarios finales, registro de personas y estructuras jurídicas, inmovilización de activos, entre otros.
La actividad que queda pendiente y será desarrollada a lo largo del próximo año es la discusión sobre la eliminación de la prejudicialidad tributaria, mientras que la evasión impositiva ya está tipificada como delito precedente de lavado de dinero. “Dentro del cumplimiento técnico a los estándares, estamos bastante mejor de lo que era un año atrás”, exclamó.
Esta actualización de la legislación antilavado se efectúa como respuesta al examen que aplica el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), de cuyo resultado depende que Paraguay retorne o no a la lista de gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), en diciembre de 2020.
Tras promulgarse el paquete de leyes, la entidad que lidera la prevención de lavado de dinero realiza estudios sectoriales a inmobiliarias, entidades deportivas, activos virtuales, entre otros.
las cifras
16.000
reportes de operaciones sospechosas recibió la Seprelad, aproximadamente, durante el 2019.
92
por ciento de reportes de operaciones sospechosas provienen de entidades bancarias, dice Seprelad.