El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui y su equipo técnico explicaron ayer que el espíritu que tiene la institución con respecto al proyecto de ley que plantea la modificación a la Ley de Financiamiento Político, es el de colaborar de manera más efectiva con lo que está planteado en el proyecto original y que por ello sugirieron algunos cambios a los legisladores.
Arregui aseguró que la propuesta de la institución a su cargo favorece a la ley.
En ese sentido, la directora de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira indicó que lo que desde la Seprelad buscan es que la Ley de Financiamiento Político no tenga una aplicación solamente durante la campaña electoral “porque el sujeto obligado va a ser sujeto obligado durante el tiempo que esté registrado como tal y que ante esto proponen que dentro del marco de las atribuciones con que cuentan de realizar el monitoreo de actividades, ellos (los partidos y candidatos) puedan realizar reportes sistemáticos periódicos de todas las contribuciones que reciban independientemente con el carácter que esto se dé”.
La funcionaria agregó que “hay candidatos que independientemente a las campañas, a movimientos, a los partidos tradicionales, todo el tiempo están haciendo su retroalimentación de afiliados y mueven dinero, entonces decíamos nosotros para establecer un control permanente, antes, durante y después de las elecciones”.
Mencionó que para ello, la propuesta concreta es incluir dentro del organigrama del Tribunal Superior de Justicia Electoral una dependencia exclusiva para el tema antilavado de activos, financiamiento de terrorismo y el trabajo de manera coordinada con la Seprelad para que el control sea efectivo y aplicable.
“Queremos tener una organización interinstitucional para que formemos un equipo coordinado con el TSJE, para que ellos puedan realizar la tarea y nosotros munirles de las herramientas que hagan eficaz el control”, explicó.
Señaló asimismo que debe ser la Justicia Electoral la que realice el trabajo ya que ninguna Unidad de Inteligencia Financiera realiza este tipo de actividades, “porque puede comprometer gravemente la independencia que tiene que primar dentro del organismo (Seprelad)”.
HERRAMIENTAS. Por su lado, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, manifestó que en la mesa de trabajo con los parlamentarios, lo que hicieron fue proponer unas cuantas modificaciones, pero solamente a lo que se refiere al rol de la Unidad de Inteligencia Financiera que estaba proyectado en el documento original con respecto a las tareas de la Seprelad en dicha normativa.
“Nuestras propuestas van en tres ejes principales, dotarle al TSJE de elementos y herramientas para que ellos puedan incluir dentro del organigrama institucional una dependencia de rango jerárquico suficiente para encargar y coordinar lo que son las tareas de políticas y procedimientos de lavado de dinero que es el ámbito de nuestra competencia, además de darle para que adopte los mecanismos y registros de operaciones financieras a favor de las estructuras de los partidos políticos, que ellos van a ir registrando y vayan haciendo un enfoque de riesgo basados en las estructuras de los partidos políticos para que ellos tengan la posibilidad de dar los reportes objetivos y en su caso los otros reportes correspondientes a las obligaciones establecidas en la ley”, acotó.
Hoy prosigue reunión para analizar proyecto de ley
La mesa interinstitucional conformada para estudiar el proyecto de ley que plantea modificaciones a la ley de Financiamiento Político, se reúne nuevamente hoy en la Cámara de Diputados.
Un primer encuentro ya se registró el martes pasado, del que participaron tres legisladores, el ministro de la Seprelad, Carlos Arregui y representantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, para la segunda reunión, ya se sumarán representantes de la Contraloría General de la República y de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET).
El citado proyecto de ley busca establecer la trazabilidad del dinero en las campañas electorales y para su aplicación incluye a varias instituciones y son las cuestiones analizadas en la mesa interinstitucional, para que posteriormente sea estudiado por el pleno de Diputados.
Para ello, la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a solicitud de varios legisladores convocó a una sesión extraordinaria, atendiendo que el proyecto debe ser sancionado antes del 7 de marzo para que pueda entrar en vigencia en las elecciones internas de julio próximo.
La aprobación de la iniciativa depende de las bancadas coloradas, ya que las mismas hacen un total de 43 diputados y sin la presencia de ellos no se conforma ni el cuórum.
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