Sostuvo que los opositores han legitimado jurídica y políticamente la pérdida de investidura, porque con el pedido de sesión para revocar la resolución sobre la pérdida de investidura hay un reconocimiento tácito de validez de dicha resolución.
“Por lo tanto, caen todos los argumentos sobre supuestas inconstitucionalidades en el proceso o sobre el fondo de la cuestión”, opinó el abogado.
Cabe recordar que a pedido de la bancada democrática, Silvio Ovelar convocó a una sesión el jueves pasado, donde no se reunió el cuórum necesario para llevar adelante la derogación de la expulsión, ya que los colorados disidentes comunicaron su negativa de asistir unas horas antes.
Brizuela precisó que en un cuerpo colegiado, más aún político, cuando se recurre a instancias judiciales por considerar inconstitucional la decisión del cuerpo al que uno pertenece, al someter dicha decisión al mismo cuerpo para revocarla por la misma vía, siendo los que solicitan dicha vía quienes alegan judicialmente inobservancias constitucionales, “se cae en contradicción por reconocimiento tácito de validez; por ende, por inexistencia de irregularidad alguna”.
De esa forma, Brizuela menciona que se dieron argumentos necesarios a la Corte Suprema de Justicia para rechazar la acción.
Santiago Brizuela preside actualmente el Tribunal Electoral Partidario de la ANR. Podría ser reelecto en el cargo, pero la decisión estará en manos de la comisión ejecutiva y posteriormente de la convenció, que se reunirá el 9 de marzo para renovar los tribunales partidarios.
Kattya González presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad para recuperar su banca en la Cámara de Senadores, de la que fue despojada por una mayoría de legisladores cartistas y liberocartistas.
La decisión se dio con 23 votos de cartistas y aliados. La disidencia colorada propuso una salida intermedia que consistió en la sanción, pero no tuvo éxito.
La acción de inconstitucionalidad se presentó bajo el patrocinio del abogado Roberto González, quien afirmó que “por imperio de la ley, se tendrían que suspender los efectos de la resolución que estamos impugnando”.
Uno de los argumentos esgrimidos es que los 23 legisladores tomaron la decisión sin tener en cuenta el reglamento interno que fue modificado hace dos meses, donde establece que se deben reunir como mínimo 30 votos para la pérdida de investidura.
En el libelo acusatorio, impulsado por el senador liberocartista Dionisio Amarilla, le atribuyeron el uso indebido de influencias en los casos de Soledad Blanco, José Luis Torales y César Portillo.
Los senadores de Honor Colorado se valieron del artículo 201 de la Constitución Nacional que menciona que los parlamentarios perderán sus investiduras en casos de comprobarse fehacientemente el uso indebido de influencias; no obstante, sobre la senadora destituida no pesa ninguna investigación ni fue denunciada.
Cabe señalar que días después, el propio presidente del Congreso Nacional admitió que el ex parlamentario Juan Carlos Calé Galaverna fue quien impulsó la expulsión de González.
