La sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de este miércoles quedó con 20 legisladores en sala en pleno tratamiento del proyecto de ley de la superintendencia de jubilaciones y pensiones.
No habiendo la cantidad mínima para el cuórum, que es de 23, se levantó la sesión sin poder resolver la aprobación o el rechazo de la propuesta legislativa.
Se trata del proyecto por el cual se reglamenta el rol supervisor del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones, en cumplimiento del artículo 95 de la Constitución Nacional, que había enviado el Poder Ejecutivo para su tratamiento.
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Frente a la presión de varias organizaciones movilizadas en las afueras del Congreso Nacional durante el tratamiento de la iniciativa, los opositores tuvieron que hacer varios intentos para impedir que se apruebe a tambor batiente la iniciativa.
Casi al término del estudio, no habiendo más oradores y siendo casi sometido a votación, legisladores de las bancadas de oposición se retiraron hasta quedar solamente 20 senadores en sala del recinto parlamentario.
Antes de lograr dejarse sin cuórum la sesión del Senado, se intentó en una primera oportunidad y quedaron 23 en sala. Luego de dos veces, a pedido de las legisladoras Esperanza Martínez (FG) y Blanca Ovelar (ANR) se intentó postergar el estudio del proyecto, pero tampoco prosperó.
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Finalmente, ante el cometido de la oposición, el documento quedó sin resolverse. Los senadores a favor del rechazo, posteriormente, se unieron a los manifestantes en las calles, que a tempranas horas comenzó con una marcha masiva por las calles del microcentro de Asunción.
En simultáneo, organizaciones de docentes jubilados y activos también recurrieron a la medida de fuerza en Carapeguá y Caapucú, en el Departamento de Paraguarí, entre otros.
Los sectores movilizados se oponen al acceso del Estado a las jubilaciones, principalmente, del Instituto de Previsión Social (IPS). Bajo la consigna “Los fondos no se tocan”, protestaron con este escrito en remeras, pancartas y carteles.
Cartismo, sin dar el brazo a torcer
En plena sesión del Senado, incluso el Arzobispado de Asunción emitió un comunicado pidiendo a los parlamentarios postergar el proyecto de ley a fin de que el debate se ampliara con los actores sociales.
El documento fue presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 23 de noviembre pasado y contaban con dictámenes de comisiones asesoras del Senado a favor y en contra.
Entre ellas la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por Derlis Maidana (HC-ANR), quien en el uso de la palabra aseguró que se mantenía la carta orgánica y que las cajas seguirían administrando sus recursos.
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De acuerdo con su argumento, “los recursos de 1,1 millones de personas que aportan a las cajas no cuentan con ninguna supervisión” y que el proyecto intenta corregir aquello. La bancada cartista hasta el último momento mantuvo en asistencia a sus miembros para llevar adelante la aprobación del proyecto.
Varios opositores advirtieron que se trataba de un nuevo atropello del cartismo a la Constitución Nacional, por lo se consideró inconstitucional la propuesta.
Entre otras cosas, se cuestionó que la normativa contemple una inmunidad para el presidente de la superintendencia y la posibilidad de que el Estado administre la caja de jubilaciones del IPS.
