El senador liberal Líder Amarilla presentó un proyecto de resolución que crea una comisión bicameral de investigación (CBI) de carácter transitorio para investigar hechos y procesos judiciales del 31 de marzo del 2017”, fecha en que se dieron los sucesos de la llamada “enmienda sangrienta”, que derivó en la quema del Congreso, la muerte del dirigente juvenil liberal Rodrigo Quintana, a manos de un efectivo de la Policía Nacional, y actualmente tiene a varios dirigentes juveniles liberales procesados.
“Es para que se investiguen los hechos ocurridos, las consecuencias jurídicas de los hechos, y por eso, estamos proponiendo la creación de una comisión bicameral. Que representantes del Senado y Diputados puedan aclarar estos hechos que nosotros consideramos hay una clara persecución política a jóvenes liberales que hoy están condenados en su gran mayoría, y eso es un peligro para la democracia en el Paraguay”, dijo.
Informes. Amarilla dijo que la idea es que esta CBI solicite informes a las diferentes instituciones que cuenten con información respecto al tema en cuestión.
“Que se tenga una reconstrucción de los hechos, que se analicen las consecuencias, qué pasó, cómo fueron dándose estos acontecimientos, de tal manera que la ciudadanía sepa realmente lo que aconteció, y que, por supuesto, la Justicia actúe en consecuencia”, dijo.
Explicó que la idea es integrar dicha comisión con legisladores tanto de la oposición como del oficialismo, de manera a que se busque claridad sobre estos hechos.
“Este es un tema muy conflictivo y controvertido que realmente necesita ser aclarado... que se sepa la verdad”, expresó el senador liberal.
Abogada exige pago por juicios La abogada Liliana Boccia presentó una nota al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, en la cual exigió el pago G. 159 millones, en 48 horas, como saldo de honorario profesional, tras haber defendido a varios liberales acusados de la quema del Congreso en el 2017, y otros juicios. En la nota, la profesional del derecho señala que fue abogada defensora del hijo de Efraín Alegre, de Stiben Patrón y otros dirigentes liberales, en un total de cinco juicios por la quema del Congreso, por bombas molotov, trámite para regreso de refugiados desde el Uruguay, caso sabotaje a computadoras, y por la quema de Colorado Róga. La nota fue presentada el pasado jueves14 y advierte que empleará acciones judiciales para poder cobrar. Su salario mensual era de G. 6 millones desde el año 2017 a marzo del 2021.
