El primero fue quien presentó un primer pedido de hábeas data ante la Justicia. El segundo, como juez, acogió dicha solicitud y le dio el impulso al caso.
Una vez obtenidos los datos del sitio donde se sospechaba podían hallarse tales archivos y, pese a la reiterada negativa de los jefes policiales de entonces, Almada y el juez finalmente pudieron localizar los documentos en el Departamento de Producciones de la Policía, en Lambaré.
Una comitiva judicial, de activistas de derechos humanos y de periodistas acudieron al lugar el 22 de diciembre de 1992, donde se realizó el allanamiento del sitio, pese a la resistencia que mostró el encargado del lugar, el comisario Ismael Aguilera, quien dijo que requería una orden de sus superiores. El juez Fernández lo intimó a que franqueara el acceso bajo pena de ser procesado por desacato. De este modo se encontraron más de dos mil documentos sobre prisioneros políticos, desaparecidos, informes policiales, fotografías y declaraciones bajo tortura de víctimas de la dictadura. Fue el mayor hallazgo de archivos políticos bajo la dictadura y una de las pocas fuentes documentales rescatadas entre las dictaduras latinoamericanas.
En el acto de hoy el senador Óscar Salomón, presidente del Congreso, acompañado de otros legisladores de distintas bancadas, hará entrega de una resolución y de las plaquetas de reconocimiento a Almada y a Fernández. La Mesa Memoria Histórica y Archivos de la Represión 1954-1989 celebra esta iniciativa a quienes descubrieron los archivos de la represión stronista.
