Senado rechazó injerencia de la Corte, pero ahora pide fallo sobre expulsiones

En el 2010, el Senado emitió una resolución en pleno receso parlamentario manifestando su repudio y rechazo a la sentencia que ordenaba la reposición de Bonifacio Ríos Ávalos y Carlos Fernández Gadea.

“La facultad de juzgar en juicio político a los funcionarios citados en el artículo 225 de la Constitución es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional”, indicaba el documento.

Esto fue remitido al entonces presidente de la República Fernando Lugo; a Antonio Fretes, quien presidía la Corte; al Consejo de la Magistratura, al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e incluso al embajador ante la OEA, y los del vecino país.

Miguel Carrizosa ocupaba la presidencia del Congreso, y el vicepresidente era Enrique Salyn Buzarquis, quienes junto con los demás senadores pegaron el grito al cielo por la intromisión de la Corte.

“Rechazar por ser nula de nulidad absoluta el contenido de dicha resolución por haber sido dictada en una evidente extralimitación de funciones del Poder Judicial”, señalaba dicha resolución.

Además lanzaron la advertencia de un juicio político a los ministros de la Corte, al Consejo, al Jurado y al propio Ejecutivo en caso de admitir la sentencia judicial.

Solicitaron al Jurado que tome las medidas correspondientes al caso e incluso que se remitan los antecedentes al Ministerio Público.

Los que firmaron la sentencia a favor de los ex ministros destituidos fueron los camaristas Juan Francisco Recalde Burgos, Meneleo Insfrán Riveros y Florencio Pedro Almada Álvarez.

CUANDO LES CONVIENE. Cuatro ex senadores que habían sido expulsados: Óscar González Daher, Víctor Bogado, Dionisio Amarilla y Paraguayo Cubas habían accionado ante la Corte tras perder sus respectivas investiduras por distintas causas. Como siguen sin definirse dichas acciones, el cartista Juan Darío Monges olvidó que una vez cuestionaron su injerencia a la Corte, y no tuvo empacho días atrás en reclamar al propio presidente de la máxima instancia judicial, Alberto Martínez Simón, que hasta el momento no se haya expedido con relación a la pérdida de investidura. En la sesión del Senado del jueves pasado, en la que se decidió postergar el tratamiento de la expulsión de Rodolfo Friedmann, se volvió a hacer hincapié en el tema.

Es más, varios de los senadores, como Silvio Ovelar y Víctor Ríos, consideran que la pérdida de investidura es igual a un juicio político; es decir, potestad del Congreso.

El propio presidente del Congreso, Óscar Salomón, se pasa manifestando que se cometieron errores en algunas destituciones de sus colegas.

Esto ahora da pie para que los que habían accionado insistan en la causa esperando que la Corte Suprema de Justicia se expida favorablemente, sin tener en cuenta el antecedente de que repudiaron la intromisión judicial.

Martínez Simón solo había atinado a decir que lo resolverían sin presiones.