Con 84 votos a favor, fue aprobada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que obliga a la Fiscalía mexicana a vigilar las operaciones “inusuales” de los usuarios del sector financiero para detectar recursos ilícitos.
El objetivo de este instrumento legal será detectar los alrededor de 25.000 millones de dólares que cada año genera de ganancias el crimen organizado a través del narcotráfico, dijo en tribuna el senador conservador Santiago Creel.
Según el legislador, esta nueva ley permitirá al Estado contar con un mecanismo que golpeará al crimen organizado “sin la necesidad disparar un tiro, una bala. Para congelar una cuenta bancaria, producto del crimen organizado, lo que se requiere es inteligencia, no armas ni balas”.
La nueva unidad especializada en perseguir ese delito contará con la cooperación de banqueros, casas de juego, empresarios y profesionales independientes, sin que ello ponga en riesgo su integridad.
La iniciativa, inicialmente propuesta por el presidente Felipe Calderón y que fue modificada por los senadores con asesoría de expertos y académicos mexicanos y extranjeros, incluye una limitación a las transacciones en efectivo que superen los 200.000 pesos (unos 16.600 dólares).
Prohíbe la venta en efectivo de metales y piedras preciosas, joyas o relojes cuyo valor sea igual o superior a 20.000 pesos (unos 1.600 dólares), y en caso de obras de arte, el máximo será 300.000 pesos (unos 25.000 dólares), indica la norma.
De igual manera, se deberán reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones mayores a 500.000 pesos (41.666 dólares) en la compra de inmuebles, así como la comercialización de vehículos nuevos o usados aéreos, marítimos y terrestres por 400.000 pesos (cerca de 33.000 de dólares) o más.
También contempla multas de hasta 4 millones de pesos (unos 345.000 dólares) o de hasta el 100 % del valor de la operación de que se trate, y penas de cárcel de hasta 16 años “a quienes de manera dolosa” alteren documentación que deban presentar a la Secretaría de Hacienda.
Esta norma, que deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados, define como actividades comerciales vulnerables a la acción de los criminales: los juegos de apuestas, emisión de tarjetas de crédito, cheques de viajero, préstamos sin garantía, construcción y venta de viviendas.
Así como venta de joyas, obras de arte y automóviles, subastas, blindaje de autos, traslado de valores, entre otros.
Esta nueva ley obliga a las entidades financieras -como la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), las sociedades de inversión, cooperativas de ahorro y aseguradoras- a elaborar expedientes de identificación de sus clientes y reportar movimientos sospechosos a la Secretaría de Hacienda.
