El Ministerio de Hacienda aún no recibió el proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023, tras haber sido sancionado en segunda vuelta por el Senado hace exactamente siete días.
Según señalaron desde la cartera fiscal y el Congreso, los técnicos de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta seguían hasta ayer ajustando los números finales dentro del sistema integrado de administración. Esta herramienta tiene un funcionamiento compartido entre el Legislativo y el Ejecutivo.
El retraso en la remisión del plan de gastos para el año próximo genera incertidumbre en Hacienda, ya que se va acortando el periodo para tomar una decisión sobre un eventual veto parcial. El Ejecutivo tiene hasta fin de año para promulgar u objetar el proyecto de ley.
Según manifestó hace unos días el jefe del Equipo Económico, Óscar Llamosas, al Fisco le preocupan principalmente tres aspectos del documento: el desfinanciamiento, el aumento del gasto salarial y el uso de endeudamiento para financiar gastos corrientes.
No descartó, no obstante, el uso de otros mecanismos como el plan financiero o el plan de caja para mitigar los impactos de los números aprobados en las finanzas públicas. El primero consiste en establecer un tope a los gastos financiados con impuestos y el segundo es una herramienta que limita las transferencias mensuales a las entidades según el ritmo de recaudación.
Luz verde. El Senado sancionó la semana pasada el PGN para el 2023.
La Cámara Alta ratificó su media sanción inicial, con lo que el plan de gastos del Estado quedó con un monto global de G. 105,36 billones (USD 14.844 millones). Si bien esto está en línea con el déficit del 2,3% del PIB, implica un abultamiento de G. 187.829 millones en comparación al número enviado por el Ejecutivo.
Asimismo, incluye una sobreestimación de ingresos tributarios por valor de G. 184.210 millones, lo que para Hacienda constituye en realidad un desfinanciamiento porque esa proyección carece de sustento técnico, por ende, es dinero que no ingresaría al fisco el año próximo (ver infografía).
El Congreso sancionó un aumento de G. 351.000 millones en el gasto salarial, lo que financiará la creación de 1.348 cargos y la desprecarización de otros 1.500, así como reajustes sin concurso para funcionarios del Congreso, Registro Civil, UNA, Defensa Pública, Mades y Ministerio de Salud, entre otros.
Obras quedó con USD 30 millones menos
En contramano a la Ley de Administración Financiera, el proyecto de ley sancionado por el Congreso reprogramó endeudamiento para financiar gastos corrientes.
De acuerdo con los datos del Congreso y de Hacienda, el Parlamento recortó USD 30 millones al Ministerio de Obras Públicas, financiado con bonos para reasignar ese dinero a nuevos gastos rígidos, incluidos los desembolsos en salarios.
El ministro de Hacienda dijo que, además de restar margen de maniobra al Tesoro, en algún momento del año se va a tener que ver cómo reponer esos fondos recortados.
