La Cámara de Senadores aprobó este miércoles, durante su sesión ordinaria, las ternas de postulantes para ocupar los cargos de defensor del Pueblo y defensor del Pueblo adjunto, en el marco del procedimiento establecido para la renovación de ambas autoridades.
Para la titularidad de la Defensoría del Pueblo, el pleno aprobó la terna con 33 votos a favor, tres en contra y siete senadores que no votaron. Los seleccionados fueron: Walter Agustín Olmedo, Arnaldo Raúl Martínez Prieto y Alisse Riveros Caballero.
En tanto, para el cargo de defensor del Pueblo adjunto, la Cámara Alta aprobó otra terna con 31 votos a favor, tres en contra y siete legisladores que no participaron de la votación. Los postulantes seleccionados son: Osvaldo Andrés Battilana, Edgar Eligio Villalba y Olga María Paredes. En ninguno de los dos puntos se registraron abstenciones.
El proceso
La conformación de las ternas es el resultado de un proceso de convocatoria pública impulsado por la Presidencia del Senado, mediante la Resolución N.º 2698, en julio pasado.
La convocatoria estuvo abierta del 27 de julio al 10 de agosto y contempló la presentación de documentos y antecedentes de los aspirantes. Posteriormente, la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Javier Zacarías Irún, examinó las postulaciones y realizó audiencias con los candidatos.
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De los 67 aspirantes que inicialmente se presentaron, 60 continuaron en carrera. Durante el proceso también se informó sobre renuncias de postulantes por motivos personales y ausencias sin justificación a las audiencias.
Con el dictamen de la comisión, el Senado quedó habilitado para definir las seis candidaturas que integran las dos ternas finalmente aprobadas.
El siguiente paso corresponde a la Cámara de Diputados, que deberá elegir a los titulares de ambos cargos entre los postulantes propuestos.
El artículo 277 de la Constitución Nacional establece que el defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos tercios de la Cámara de Diputados, a partir de una terna propuesta por el Senado, y que su mandato dura cinco años, coincidentes con el periodo del Congreso.
La Defensoría del Pueblo es una institución prevista en la Constitución Nacional, cuyo objetivo principal es proteger los derechos humanos, canalizar los reclamos de la ciudadanía y defender los intereses de la comunidad frente a eventuales abusos o actuaciones irregulares de las instituciones públicas.
