La propuesta del proyectista Jorge Querey, del Frente Guasu, planteaba la obligatoriedad del sector privado de contar con los escáneres, pero finalmente la Cámara Alta atribuyó toda la responsabilidad a la DNA.
Si bien no se estableció la cantidad de equipos que debe adquirir la institución, el legislador Tony Apuril, de Hagamos, manifestó que se necesitan al menos 18 escáneres que cuestan en promedio USD 2 millones cada uno.
En principio se había hablado de la gradualidad de la implementación, empezando por los principales puertos, entendiendo que hay una limitación de recursos para acceder a los aparatos, pero esta situación generaría condiciones de desigualdad entre los competidores y los senadores decidieron que Aduanas complete la adquisición de todos los escáneres necesarios en el plazo de un año para que los controles rijan en simultáneo en los diferentes puestos aduaneros. Los costos se incluirán en el Presupuesto General de la Nación.
Por cada escaneo la administración aduanera percibirá hasta 5 jornales mínimos, poco más de G. 440.000. La ciudadanía podrá acceder a las imágenes en cumplimiento de la Ley de Transparencia y aunque la recomendación de las comisiones de Legislación y Lucha contra el Narcotráfico contemplaba el secreto comercial e industrial, los senadores optaron por suprimir esta consideración, pero dejaron abierta la posibilidad de recurrir a leyes que hablen de las reservas y secretos especiales.
Debate. El documento se refiere a los escaneos como inspecciones no intrusivas, cuya obstaculización o incumplimiento se considerará como tentativa de contrabando, de acuerdo con lo que establece el Código Aduanero vigente. Durante el debate acerca de las sanciones, los senadores argumentaron que la clausura no solo debe afectar a los puertos privados, sino también a los públicos. Como igualmente no quedó claro en qué momento corresponde el cierre, se dispuso que la medida se resuelva según las penalidades del Código Aduanero y/o Código Penal.
La Cámara Alta aprobó el proyecto de ley que obliga a escanear contenedores de importación y exportación en las zonas primarias aduaneras del país para evitar la circulación de cargas ilegales.