Sobre las sanciones, la Cámara Alta dio su visto bueno a modificar el artículo 8 de la ley. “Si de los informes de Contraloría surgen indicios de hechos punibles, las autoridades y funcionarios que hayan caído en estas irregularidades deberán responder con su patrimonio por los perjuicios causados”, dice la propuesta.
Establece además que los organismos y entidades públicas que reciban y administren los recursos deben dar a conocer información sobre programas y proyectos financiados en un sitio web.
“La idea en este punto es que la ciudadanía pueda tener la facilidad de un mejor control de cómo se utilizan los recursos en su comunidad”, explicó la senadora colorada Blanca Ovelar, presidenta de una comisión especial creada hace un año para estudiar e impulsar los cambios que sancionaron en la jornada.
Royalties. Una de las cuestiones más discutidas por diversos sectores desde la promulgación misma del Fonacide es la forma de distribución del dinero, que se reparte a gobiernos municipales y departamentales según la ley de royalties. Así, las entidades más cercanas a las hidroeléctricas, especialmente la de Itaipú, reciben más dinero, pese a no ser precisamente las que tienen más necesidades de infraestructura escolar.
El pedido impulsado por los legisladores ahora es que los recursos se repartan de acuerdo a la matrícula de las instituciones de cada distrito; y que perciban mayor dinero aquellos sitios donde existe más urgencia de infraestructura escolar.
Solicitan, asimismo, que se reemplace la denominación de almuerzo escolar por “alimento escolar”.
Son en total cuatro los artículos que pretenden “mejorar” en la normativa. Los puntos 4, 5, 8 y 12.
La Cámara Baja también tiene un proyecto para cambiar el Fonacide, presentado por Avanza País. En el documento se solicita igualmente la distribución de fondos.