En reunión de mesa directiva y líderes de bancada del Senado se resolvió dar prioridad a este tema y para el próximo lunes fue convocado el contralor Camilo Benítez.
El titular del Congreso, Silvio Ovelar, confirmó la convocatoria y cree que justamente el presidente de la República, Santiago Peña, tiene cerca a Lea Giménez para ocuparse de estos temas.
“El equipo de transición que conformó el presidente de la República, al llevar a Lea Giménez, presumía que necesitaba de una persona que pudiera tener el talento y el conocimiento necesarios para poder evaluar este tipo de malgasto, si es que finalmente se comprueba”, dijo Beto.
“No soy el más indicado en hacer esa evaluación”, respondió, al ser indicado que se trataría de hechos de corrupción, no solo de malgasto.
“No quiero juzgar anticipadamente. Los indicios son sorprendentes, llamativos. Van a ameritar una acción inmediata”, consideró.
Consideró que se evaluará si sus colegas impulsan ese tipo de acciones. Esto en relación a la posibilidad de que el Senado presente una denuncia, tras recibir el informe.
Casos emblemáticos. El contralor estuvo el miércoles pasado en el Congreso y entregó a ambas cámaras el informe de la evaluación y auditorías del 2022.
Entre los casos más emblemáticos hizo referencia al Ministerio de Educación y la utilización de los fondos correspondientes al Fonacide.
“Fracasó la Ley del Fonacide”, fue lo que sentenció. Acotó que la descentralización es demasiado importante porque nadie sabe mejor que el líder regional sobre la necesidad de su pueblo. “Debe ir acompañado con asistencia técnica, recursos humanos idóneos, control más eficiente”, había indicado el contralor.
Sostuvo que, lastimosamente, la implementación de la Ley de Fonacide ha sido un fracaso, porque a pesar de la enorme cantidad de dinero destinado a los gobiernos departamentales, la realidad en infraestructura es lamentable.
“Hay muchos hechos de corrupción. Hemos enviado más de 54 reportes de indicios punibles al Ministerio Público como consecuencia de este trabajo, en cuanto al alimento escolar”, remarcó.
En cuanto a las licitaciones para el alimento escolar, refirió que “los pliegos fueron modificados de una manera que podría presumirse que se ofreciera a un sector de la industria, porque fueron cambiando en los últimos diez años los requisitos”.
Recalcó que cuando la Contraloría encuentra indicios de hecho punible tiene la obligación constitucional y legal de remitir al Ministerio Público. “Eso ya lo hemos hecho. Está en instancia del Ministerio Público hacer la prosecución penal, castigar a los responsables”, comentó.
La sugerencia que lanzó es que se haga una revisión de la Ley del Fonacide.
