El documento impulsado por el Consejo de Administración y presentado por el Poder Ejecutivo, cuenta con dos dictámenes favorables en la Cámara Baja. Tanto la Comisión de Presupuesto como la de Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, dictaminaron por la aprobación del texto.
Durante la última sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, la diputada colorada oficialista Cristina Villalba solicitó que el proyecto de ley sea estudiado en la primera sesión del mes de diciembre, como moción de preferencia.
PROPUESTAS. La extensión del periodo para el cálculo de las jubilaciones, que pasará de 3 a 10 años (promedio de los últimos 120 meses), es el aspecto más relevante que plantea el proyecto.
Además, se establece una reingeniería financiera, se proyecta recuperar el porcentaje del aporte obrero-patronal que se envía a otras instituciones y se busca regularizar unos 1.100 inmuebles.
APORTE. Las modificaciones que propone con relación al ámbito de la salud son, primero, que los recursos utilizados para el fondo de administración se destinen al fondo de salud. Segundo, es que se redestinará el 2,5% al fondo de salud, que anteriormente se asignaba al SNPP y a Senepa, cuyo monto anual es de más de USD 100 millones.
CRÍTICAS. Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, dijo que la propuesta del Gobierno es “una estafa” al trabajador y que busca encubrir el abandono de IPS. Afirmó que con el nuevo prorrateo, un obrero puede cobrar hasta 35% menos tras su jubilación.
Por su parte, el ex gerente de Prestaciones de IPS y titular de la Unión de Jubilados del Paraguay, Hugo Halley, valoró que el Gobierno haya eliminado la intención de que el servicio de salud de la previsional sea abierto para toda la población. Por otro lado, señaló como positivos los cambios administrativos que propone el proyecto presentado por el Ejecutivo.
