Fátima González, electa concejala municipal en Nueva Alborada, Departamento de Itapúa, fue la segunda más votada del distrito en las elecciones del pasado 10 de octubre, pero no pudo jurar como edil, debido a que es funcionaria del Ministerio de Salud y para asumir en la Junta Municipal primero debe renunciar.
González pudo participar de todo el proceso electoral de las internas dentro del Partido Colorado, así como en las generales, llegando a ganar una banca en la Junta Municipal, pero finalmente no podrá ejercer el cargo, ya que horas antes del acto de juramento recibió una nota del Ministerio de Salud Pública, en la que le intiman a optar por ser concejala municipal o continuar en su trabajo como profesional en la Unidad de Salud Familiar (USF) de Nueva Alborada.
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“Realmente muy lamentable, me siento indignada, quise representar al distrito de Nueva Alborada, pasé por todos los procesos electorales y al final he recibido la noticia que no voy a poder ejercer el cargo, porque debo optar por uno de los dos y opté por el de Salud”, señaló la licenciada en Enfermería.
Asimismo indicó que, al ser electa, informó a sus superiores de la Séptima Región Sanitaria que fue electa concejala municipal del distrito y que renunciaba a la dieta que debía percibir en la Comuna a favor de la de Salud, ya que el monto iba a ser destinado a la compra de medicamentos, pero todo fue en vano, ya que horas antes de asumir le llegó la notificación desde la capital del país.
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“La licenciada Fátima González es una persona muy trabajadora, muy querida, eso se reflejó en la cantidad de votos, y resulta que recibió un documento que para mí es ilegal, porque ella renunció a su dieta con mucha anticipación y presentó la nota de dicha decisión, y que ejercer el cargo de concejala municipal no iba a obstaculizar su horario laboral habitual; no obstante, le vino la intimación de que opte por uno de los cargos”, destacó el abogado Lilio Sotelo, representante legal de la enfermera.
Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley, que modifica el artículo 54 de la Ley 1626/00 “de la Función Pública”, con el que se pretende otorgar un permiso especial a funcionarios públicos para que estos puedan ejercer cargos electivos sin tener que renunciar a sus puestos actuales. La aprobación del proyecto ahora está en manos del Poder Ejecutivo que debe vetar o promulgar.
