“El Gobierno de Federico Franco se caracterizó por no dar continuidad a los proyectos y políticas públicas de carácter social impulsadas durante el gobierno de Fernando Lugo”, reza parte del comunicado emitido por el ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Camilo Soares.
Las máquinas desalinizadoras fueron construidas e inauguradas durante la gestión de Soares en el 2010. Las mismas funcionaban en dos plantas hasta mayo de este año en Villa Choferes sobre el kilómetro 451. Cuenta con una capacidad de producción de 200 mil litros por día y la segunda, que está en Teniente Irala Fernández, sobre el kilómetro 389, tiene capacidad de hasta 10 mil litros diarios. Estas obras costaron al Estado paraguayo más de G. 15 mil millones.
Soares asegura que la maquinaria instalada en Irala Fernández funciona de manera experimental desde el comienzo, porque el nivel de salinidad de las aguas subterráneas es mucho mayor que el de la primera zona.
“Desde el inicio de mi gestión en la SEN me propuse superar la ausencia del Estado en la zona del Chaco paraguayo y con ese objetivo emprendimos diferentes proyectos. Uno de ellos son los complejos de agua dulce, donde se combinan diferentes métodos para generar agua potable para la población chaqueña”, manifiesta igualmente el informe.
El ex ministro explica que el funcionamiento de ambas plantas es a través de techos recolectores que vía tuberías se conservan en unos tanques subterráneos, donde también se implementaron máquinas desalinizadoras para producir agua dulce.
Asegura, que varios grupos, tanto políticos, empresariales y periodísticos se oponían a la construcción de las plantas desde que se supo del proyecto. "¿Cuál es el motivo para oponerse? La única razón que encuentro para explicarlo es que estos grupos ya no tendrán el control del vital líquido en la zona”, acusa.
Cuestiona que en la Región Occidental existen otras plantas desalinizadoras, pero que las mismas no reciben críticas por pertenecer a los mencionados grupos, a quienes, asegura, “molestó que el Estado pudiera estar a cargo de la distribución de agua dulce”.
