“Con el objetivo de contribuir a que Chile recupere la normalidad institucional, el presidente de la república ha firmado los decretos requeridos para que, a partir de las 00.00 de este lunes 28 de octubre, se levante el estado de emergencia en todas las regiones y comunas que se había establecido”, indica el documento oficial.
Con esta decisión, el mandatario cumplió con el anuncio realizado en la víspera en el que indicó que era su intención que para el inicio de la próxima semana los militares dejaran de estar al cargo de la seguridad nacional.
Piñera decretó el estado de emergencia, por primera vez desde que volvió la democracia tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en Santiago durante la noche del viernes de la semana pasada, día en el que explotaron las protestas en Chile en forma de manifestaciones, disturbios, incendios y saqueos.
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La decisión obedeció, según explicó el presidente, a la necesidad de restablecer un orden público que se vio sacudido en la capital y que se extendió por todo el país.
Las protestas, que han dejado ya al menos 19 fallecidos, entre ellos seis ciudadanos extranjeros, se reprodujeron desde Santiago al resto de Chile tras el alza en el precio del pasaje del Metro capitalino, la gota que colmó el vaso de la paciencia ciudadana frente la desigualdad y la injusticia social.
En el momento más álgido del despliegue militar, todas las regiones, a excepción de la austral Aysen, tenían alguna ciudad, provincia o la región completa con destacamentos de las Fuerzas Armadas en las calles.
La presencia de los militares, que posteriormente se acompañó con toques de queda que ya fueron levantados, provocó un rechazo social y recordó por primera vez en casi 30 años los años más oscuros de la dictadura.
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El rechazo a la presencia de soldados fue constante durante los diez días que durán por el momento las protestas.
El balance desde que estallaron las protestas en la noche del 18 de octubre deja más de un millar de heridos, casi la mitad por impactos de armas de fuego (bombas lacrimógenas, balines de goma o disparos de bala) y más de 3.000 detenidos, según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo público pero independiente que monitorea las protestas.
